El año pasado, a mediados de julio y en plena ola de frío, el entonces Presidente de Argentina Néstor Kirchner anunciaba un nuevo corte del envío de gas a nuestro país. Su mensaje ponía en evidencia que la medida de las tarifas ‘ultra baratas’ que propiciaron un crecimiento de su economía a tasas del 8% ahora estaban cobrando un alto costo, lo que sumado a faltas de inversión, escasez o límites físicos, ponían en evidencia una de las mayores crisis energéticas de la historia trasandina.

Nuestro gobierno y el sector privado han sufrido un gran remezón desde que comenzaron los cortes en 2004. Si además se considera un escenario muy desfavorable en cuanto a las reservas de agua, a las escasas lluvias entre el año pasado y éste y las escasas prevenciones, el panorama es bastante desalentador.

De este modo, vuelve a estar en portadas de diarios, en seminarios y discusiones políticas el tema de la diversificación de la matriz energética. Mirando la situación actual, de los cuatro sistemas de abastecimiento que hay en Chile, el del Norte Grande es el más vulnerable. Lo anterior se debe principalmente a los altos niveles de dependencia de energía térmica, abastecida por crudo, gas y carbón, la cual representa más del 99% de ese sistema.

Junto a lo anterior, el SING se caracteriza por abastecer a una demanda marcada por las grandes compañías mineras y a una oferta de grandes unidades de generación. Lo anterior crea un sistema frágil, donde la salida intempestiva de una central puede generar grandes pérdidas para la industria minera.
Es así que empresas como Gas Atacama, que presenta serios problemas económicos, representan un dolor de cabeza para el sistema e invitan a buscar fórmulas alternativas para el mismo. Las cuales en estos momentos comprenden la construcción de más centrales de generación en base a carbón y, por otra parte, de centrales de respaldo, que ciertamente dan tranquilidad al sector pero que, dado que normalmente se basan en el Diésel, representan una solución ineficiente y de corto plazo.

Con esta perspectiva es que se genera un espacio para invertir en energías renovables. Lo que hay que tener en claro es que igualmente presentan trabas que son limitantes tanto como para su pronta puesta en marcha como para el atractivo que puedan significar a empresas estatales o privadas que tengan la intención de insertarse en ese mercado.
En el SIC por ejemplo, la contingente sequía afecta directamente a las hidroeléctricas. La energía eólica lleva bastante camino recorrido en cuanto a su estudio y factibilidad, según muestra la planta de Endesa Eco, pero de todos modos presenta inconvenientes porque es una tecnología aún en desarrollo, que demanda grandes costos y que está fuertemente subsidiada en otros países. Dadas sus características propias y a que es imposible asegurar la disponibilidad de vientos, las centrales eólicas no reciben pago por potencia, perdiendo así competitividad frente a otras tecnologías. Otras fuentes como la mareomotriz, la geotérmica o la de biomasa aún son tecnologías cuyas factibilidades y estudios están en pañales y no se ven como una opción viable en el corto plazo.

Estamos entonces frente a un escenario en el que el gobierno busca la promulgación de una ley que dé un impulso a las energías renovables y que según las palabras del Ministro de Energía, Marcelo Tokman, “para asegurar que estos proyectos se aplican correctamente, la obligación será del 5% entre 2010 y 2014. Luego el porcentaje de las renovables irá subiendo en un 0,5% anual hasta llegar al 10% en 2024. Es la única forma de afrontar futuros riesgos energéticos”. (6 de Marzo 2008).

Al mismo tiempo la promulgación del Protocolo de Kioto para combatir el cambio climático ofrece incentivos adicionales para rentabilizar este tipo de energías a través de la reducción de emisiones que resulten. Este Protocolo crea un sistema de comercio de estas reducciones hasta 2012, permitiendo que el flujo de capitales viabilice proyectos con energías limpias.

La búsqueda e instalación entonces de energías renovables no convencionales se hace cada vez más atractiva, dadas las condiciones regulatorias y las características propias del SING. La alta dependencia térmica del sistema provoca grandes producciones de CO2, las que se han elevado con el uso de Diésel. Las nuevas centrales a carbón proyectadas acentuarán aún más esta tendencia. La instalación de energías limpias desplazará entonces mayores cantidades de CO2, aumentando las reducciones y, por lo tanto, los retornos asociados a la generación de bonos de carbono.

Si esto va a ser o no suficiente para disminuir la dependencia en los combustibles fósiles en el Norte Grande es incierto. Lamentablemente los incentivos que hay actualmente se ven aún insuficientes y será necesario implementar soluciones energéticas que contribuyan a disminuir al mismo tiempo la fragilidad del sistema como los gases de efecto invernadero que causan cambio climático.

El mercado del carbono es, por lo tanto, un aliciente importante para la implementación de nuevas iniciativas energéticas. Es importante eso sí, que tanto los estudios como su implementación se realicen en el menor tiempo posible, de manera de maximizar los recursos que se produzcan por esta vía.

La incertidumbre que existe frente a la situación que se dará en el periodo Post Kioto, cuando el actual tratado expire, condiciona la financiación de proyectos cuya puesta en marcha se acerque al 2012.
Por su parte, los mercados voluntarios permiten alargar los plazos y, por lo tanto, deben ser potenciados como una alternativa real.

La necesidad global está entonces en exponer a las autoridades locales e internacionales que se hace imperante la búsqueda de soluciones para ampliar el horizonte de Kioto, y que puedan dar salida a nuevos proyectos de energías renovables, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Las autoridades deben apoyar la innovación y la implementación de nuevas tecnologías, al mismo tiempo que los privados deben ver las alternativas existentes en el mercado y explorar los beneficios del mercado del carbono.