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Chile

La sobre-regulación, el desempleo y el rol de los representantes corporativos

Fernando Rivas
Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta



Las últimas cifras de ocupación regional recuperaron, en parte, el alicaído ánimo que había quedado luego de traspasar el 9% de desempleo en la medición del mes anterior. En efecto, en la reciente medición se observó una baja de 0,4 puntos porcentuales (de 9,1 a 8,7%) en el desempleo regional, con un incremento del orden de 1.790 nuevos puestos de trabajo.

Aun cuando en la ciudad de Antofagasta hubo una ligera pérdida de empleos (pasando de una tasa de desocupación de 8,4 a 8,9%), la mejoría global del desempleo en la región se materializó especialmente en las comunas más fuertemente golpeadas por este flagelo. En Calama, bajando de un 10,5% a una tasa bastante menos dolorosa de 8,9% y, en el resto de la región, desde una tasa de 9,1% a sólo un 7,5% de desempleo.

Para el futuro inmediato las estimaciones son optimistas, habida cuenta que estamos iniciando la temporada en que - en la región - usualmente se generan más puestos de trabajo. Existe una cartera importante de proyectos por materializar en estos dos años (entre los cuales el proyecto Spence avanza aceleradamente en la contratación de personal) y la inversión presentada al sistema de evaluación de impacto ambiental durante el primer semestre, que nuevamente lidera la II Región con proyectos por un monto de US$ 741 millones (20% del total nacional).

Sin embargo, hay que mirar con cierta prudencia estos resultados. En primer lugar, debido a que la contratación masiva que se produce durante la construcción de grandes proyectos no representa la dotación definitiva que contratará el proyecto cuando esté en funcionamiento. En segundo lugar, el conjunto de reformas incorporadas a la legislación laboral ha incrementado el costo (o al menos ha generado la impresión de un mayor costo asociado a la contratación de mano de obra) y, en consecuencia, ha restado competitividad al recurso humano, de modo que, eliminando el efecto de los proyectos en construcción y la estacionalidad regional, la contratación marginal de mano de obra por cada peso adicional de inversión (en cualquier rubro) podría estar decreciendo.

Si bien, este último planteamiento es una hipótesis por demostrar, existen diversas señales que se pueden entender como consecuencias poco convenientes de las sobreprotección laboral y que sustentan esta hipótesis. Entre ellas:

  • El alto desempleo y la dificultad para generar puestos de trabajo en la misma medida del ingreso a la fuerza laboral.
  • El aumento de empleos de corta data.
  • La automatización y mecanización de diversos procesos, incluso en rubros que han sido habitualmente intensivos en mano de obra, como la construcción.
  • El notable incremento de la inversión en maquinaria y equipo y el menguado incremento del gasto en consumo que ha anotado el Banco Central en las cuentas nacionales de los últimos trimestres, y que reflejan un mercado de bienes de capital más dinámico que el mercado laboral.

Adicionalmente, la sobre-regulación genera otros efectos sociales inconvenientes para economías en desarrollo como la nuestra. Por ejemplo:

  • Desigualdad de oportunidades entre aquellos insertos en el mercado laboral y aquellos que al no estar insertos no tienen oportunidad de capacitarse en las nuevas tecnologías.
  • Desactualización laboral de las masas de trabajadores desempleados.
  • Menor movilidad laboral ya que, ante la escasez de empleos, al trabajador le conviene aferrarse a cualquier trabajo que tenga.
  • Menor crecimiento de las remuneraciones, ya que éstas se encuentran fuertemente ligadas a la generación de nuevos puestos de trabajo y a la movilidad laboral.
  • Redistribución de beneficios hacia los sectores poseedores de capital en desmedro de los sectores cuyo único capital es su propia mano de obra.

La evidencia disponible sobre el perjuicio para los propios trabajadores (especialmente para los que están sin empleo) como resultado de la sobreprotección, es de tal magnitud que sólo resta señalar que - a nuestro juicio - un país moderno como dice ser el nuestro, no puede continuar con defensas corporativas a ultranza de los intereses de un sector. El sector empresarial ha aprendido de esto y, actualmente, la AIA pone el énfasis en fortalecer las competencias empresariales de sus propios asociados para que ofrezcan mejores bienes y servicios, alejándose de antiguas prácticas orientadas a obtener, por ejemplo, algún beneficio tributario excepcional que asegure artificialmente la rentabilidad del negocio.

La demanda para los gremios (y cualquier representante de intereses corporativos) es que se preocupen de las fortalezas de sus integrantes y del mejoramiento de su competitividad y productividad, en vez de seguir reclamando beneficios del gobierno, de las empresas mandantes o de leyes especiales que los protejan de sus propias ineficiencias.

En materia laboral, específicamente, debemos avanzar hacia un sistema integral que incluya una ley laboral, un sistema de capacitación y de desarrollo de competencias y una organización sindical que apunten al fortalecimiento de la productividad de los trabajadores, para que su principal respaldo, tanto para obtener y conservar su empleo, como para tener un salario digno, sea “porque hace bien su trabajo y aporta valor”.


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