Chile
Pasivos
Ambientales Mineros
Sven Renner
Gerente de la BGR en Chile
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El 3 y 4 de mayo de 2005 se celebró en
la CEPAL la II Conferencia sobre Pasivos Ambientales
Mineros (PAM). Organizaron esta conferencia
el Servicio Nacional de Geología y Minería
de Chile y el Instituto de Geociencias y Recursos
Naturales de Alemania (BGR). Lo que pareciera
un tema marginal convocó a más
de 200 personas de la industria minera privada,
de las universidades y del sector público,
no solamente de Chile sino de numerosos países
latinoamericanos. Colombia, Bolivia, Perú,
Guatemala, México, Honduras y Chile estaban
representados por altos funcionarios.
La amplia convocatoria de la conferencia radica
en la creciente inquietud por los problemas
asociados a los Pasivos Ambientales Mineros.
Pasivos Ambientales Mineros son aquellos residuos
de la producción minera que quedaron
huérfanos en el curso de la historia
minera en estos países. De los miles
de PAM que se encuentran en un país,
una gran porción eventualmente no conlleva
riesgos. Pero la conferencia enfocó a
aquellos PAM que sí son riesgosos para
la salud o seguridad poblacional o para el medio
ambiente. Dada su naturaleza histórica,
en la mayoría de los casos se desconoce
al dueño o al causante y por lo general
no hay quien se haga cargo de resolver los problemas
que pueden causar.
La industria minera se encuentra bajo una creciente
presión de justificar los costos ambientales
y sociales de nuevos proyectos y así
obtener la licencia social para sus operaciones.
La aprobación social en muchos de los
países presentes en la conferencia constituye
el mayor obstáculo para la puesta en
marcha de un proyecto minero. Si bien la mayoría
de las grandes empresas que operan en el continente
hoy, no son los causantes de los PAM del presente,
las comunidades afectadas tienden a asociar
nuevos proyectos con los problemas que quedaron
de los anteriores y a oponer resistencia.
El sector minero y su licencia social también
constituyen el trasfondo del Informe sobre las
Industrias Extractivas elaborado para el Banco
Mundial, que fue encargado para evaluar la participación
del Banco en inversiones en el sector minero
y su efectos relacionados a la pobreza. El informe
fue comprometido por el entonces presidente
del Banco, Wolfensohn, en la reunión
anual del Banco en el año 2000 bajo la
presión de organizaciones no gubernamentales,
encargado poco después y presentado en
la cumbre de Johannesburgo en el 2002. Entre
las recomendaciones figura, entre otros, el
retiro de la participación del Banco
de proyectos de hidrocarburos, la intensificación
de la participación comunitaria en los
proyectos mineros y la necesidad de hacerse
cargo del legado de la minería histórica.
Sin analizar la justificación de las
recomendaciones, podemos deducir, que las industrias
extractivas son percibidas en muchas comunidades
como agresión al medio ambiente y al
bienestar sin un beneficio suficiente que lo
justifique.
El Estado por su parte tiene la obligación
de velar por el desarrollo sustentable y el
derecho de su población de vivir en un
ambiente libre de contaminación, una
garantía que ya se encuentra en la mayoría
de las legislaciones en Latinoamérica,
y en Chile incluso en la Constitución.
Pero más allá del evidente riesgo
para las personas y el medio ambiente, también
existe un riesgo económico. Hoy la certificación
ambiental ISO 14.000 constituye un argumento
poderoso para la competencia en el mercado global
(numerosas empresas compran únicamente
materias primas provenientes de faenas certificadas)
y en el futuro, el manejo adecuado ambiental
a nivel nacional será un factor de competitividad
para los productos en el mercado internacional
y por tanto para la economía del país.
Es razonable prepararse entonces para este escenario
y no dejar dudas, que el desarrollo del país
no va en desmedro del medio ambiente y que la
competitividad de los productos no se funda
sobre un “dumping verde”.
En este escenario se explica que tanto el Estado,
la industria minera y obviamente también
la comunidad afectada están interesados
en resolver el problema que constituyen los
PAM.
Y tal como en el caso de otros pasivos, más
vale hacerse cargo del problema de los PAM lo
antes posible, porque los costos de no hacerlo
oportunamente suelen ser mucho mayores cuando
el riesgo ya se ha transformado en daño.
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