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Chile

La entidad comenzó a operar el 28 de diciembre, a la par con los nuevos tribunales ambientales.

Lunes 14 de Enero de 2013.- Juan Carlos Monckeberg explica que el atributo de la nueva ley es que al momento de fiscalizar se deja de lado el factor político y se priorizará el análisis técnico.
Sin mano dura, pero sí con el mandato de que los inversionistas cumplan los compromisos que se comprometieron a respetar. Ese será el estilo de trabajo del nuevo superintendente de Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg. Geógrafo de profesión, dice que viene a poner orden en la forma en que se realizarán las fiscalizaciones y las potenciales sanciones contra los titulares de proyectos que afecten el medioambiente.

El principal cambio es que en sus acciones dominará elemento técnico y no el político. Eso se traduce en algo básico: los informes y fiscalizaciones ya no estarán en manos de los intendentes regionales, como los presidentes de la Comisión de Evaluación Ambiental de cada región. “El factor técnico de la superintendencia es mucho más fuerte”, afirma. Ese cambio, enfatiza, es uno de los más radicales que vienen con la nueva normativa ambiental. “Estoy convencido de que la superintendencia tiene que validarse técnica y jurídicamente, porque todas las resoluciones que emitamos son reclamables por los titulares ante los tribunales ambientales”, explica.

Por eso, señala, su rol no se puede traducir en que viene a poner “mano dura”. Simplemente, agrega, hará valer la ley ambiental. “Los titulares tienen que hacer su trabajo y nosotros, el nuestro”, indica.

Levantamiento de datos

La entidad comenzó a operar el 28 de diciembre, a la par con los nuevos tribunales ambientales. El diagnóstico antes de su creación, manifiesta Monckeberg, es que había una alta dispersión en los criterios de fiscalización y también en los términos de las sanciones ambientales. “Antes no existía un procedimiento que estableciera un estándar mínimo respecto de las etapas que se debían seguir en la fiscalización ambiental. Como parte del diagnóstico, unificamos el procedimiento para asegurarlo”, afirma.

La labor no será fácil. Monckeberg señala que la carga de trabajo es pesada, ya que la entidad heredó 13 mil aprobaciones ambientales por parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), cifra a la que hay que sumar las mil resoluciones de calificación ambiental (RCA) que el SEA aprueba, en promedio, cada año. “Hemos tenido ciertas complejidades, el volumen de información que tenemos que manejar es bastante importante. De todas maneras, con la superintendencia se crea un escenario mejorado, porque hay una institución adicional que se agrega a la lógica de fiscalización que venía operando previo a la reforma”, dice.

Pero las complejidades también vienen dadas porque algunos dueños de proyectos no están colaborando con la labor fiscalizadora, cuenta Monckeberg. La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) está realizando un levantamiento de información con el fin de actualizar el estado de las aprobaciones ambientales que están dentro del sistema.

El proceso comenzó el 16 de octubre pasado y culminará este 21 de enero. A la fecha, solamente se ha actualizado el 31% de los datos, como nombre, RUT, dirección y teléfono. “El ritmo ha sido lento (...). Los titulares han tenido tres meses para responder tres o cuatro preguntas, un plazo más que suficiente. Además, la superintendencia ha estado en stand by dos años antes de entrar a operar y ese plazo también es razonable para que los inversionistas hayan revisado todas sus condiciones y permisos, y que los hayan actualizado o corregido. Ahora nosotros tenemos que entrar a hacer nuestro trabajo”, explica.

Para Monckeberg, si las empresas no recurrieron antes al Comité de Ministros a presentar un requerimiento porque las condiciones de mitigación impuestas son severas o no estaban de acuerdo con ellas, ahora sólo les corresponde cumplir sus obligaciones.

La meta de este año es realizar 400 informes de calificación ambiental de las aprobaciones ambientales existentes. De esa meta, 27,3% corresponde al sector minero y 21,4% a los proyectos de saneamiento ambiental.

Atribuciones

Para realizar toda esta labor, Monckeberg cuenta con 100 funcionarios. Además, trabajará con los fiscalizadores de 15 servicios, como la DGA, Sernageomin, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y Salud, entre otros

Sin querer adelantar los planes, indica que la entidad ya tiene lista la planificación de la fiscalización en terreno y que existen algunos criterios previos. Anticipa que las iniciativas que han estado asociadas a problemas ambientales, como la división Ventanas de Codelco, o la planta Valdivia de Arauco, podrían ser una prioridad dentro de las fiscalizaciones. “A la Superintendencia de Medio Ambiente no le corresponde evaluar el comportamiento histórico de los titulares de los proyectos, pero la información pública está y dentro de la lógica de la priorización de ciertos proyectos la información histórica es un elemento dentro de la gama de elementos que se analizarán”, explica.

Las fiscalizaciones serán distintas a las realizadas por los servicios que integran el Sistema de Evaluación Ambiental. Ahora existe una planificación, ya que en vez de realizar una visita que duraba un día, en adelante quieren estar varios días en una instalación. Lo que la SMA busca hacer es una auditoría de la instalación, donde los fiscalizadores podrán solicitar todos los antecedentes que estimen necesarios para realizar su trabajo. “Es imposible fiscalizar todos los proyectos. Hay que priorizar, porque queremos que el proceso sea mucho más profundo, potente y estratégico”, dice.

Otra novedad dentro de sus atribuciones es el cierre o paralización temporal de una instalación o proceso si en terreno ven incumplimientos explícitos. Este nuevo procedimiento se hará con previa autorización del Tribunal Ambiental, la que incluso podrá ser vía telefónica. “Se establece que sea a través de un mecanismo expedito y eso incluye la llamada telefónica, porque la paralización o cierre tiene que ser lo más rápido posible, ya que lo que nos convoca ahí es la protección del medioambiente”, señala.

Para realizar esto, la superintendencia tiene que confeccionar un protocolo de acción en conjunto con los ministros de los tribunales ambientales. La relación de la SAM con esta nueva entidad será cercana, porque será ella la que controlará la calidad de su trabajo fiscalizador.

LTOL

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