Ambientalistas buscan frenar concesiones

Guatemala

Por la vía penal y administrativa accionarán contra licencias mineras otorgadas

Viernes 05 de Abril de 2013.- Acciones administrativas y penales y un recurso de amparo, son las medidas que ambientalistas, grupos pro derechos humanos y representantes comunitarios presentarán contra la decisión gubernamental de concesionar dos licencias de explotación minera.

La decisión de impulsar los recursos se conocen en una conferencia de prensa ofrecida por los colectivos, en la que también se cuestiona la moralidad de las personas que autorizaron los permisos.

El miércoles, el Ministerio de Energía y Minas informó sobre la concesión de dos licencias de explotación: una a favor de la Minera San Rafael, y otra para la Compañía Guatemalteca de Níquel.

El coordinador de Comunicación Corporativa de la mina San Rafael, Andrés Dávida, responde que existe un estudio de impacto ambiental, aprobado por el Ministerio de Ambiente. En el caso de las consultas populares, hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que señala la invalidez legal de las reuniones comunitarias.

“Hay dudas si estas empresas financiaron la campaña de los políticos. La actividad minera no es ambientalmente sostenible. Socialmente no es aceptada en 68 consultas comunitarias”, señala Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS).

Punto de vista

En cuanto a las acciones, Rafael Maldonado, representante legal de CALAS, las resume así: por medio de un amparo se busca invalidar lo actuado por el Ministro, fuera de que serán denunciados penalmente Fernando Castellanos, director general de Minería; Justina Solís, asesora del despacho, y Mercedes Bonilla, secretaria general.

Además, por la vía administrativa se accionará contra el rechazo de 251 oposiciones de personas afectadas.

El Ministerio de Energía y Minas responde que se rechazaron porque “fueron argumentadas con base en derechos difusos y no están sustentadas en oposiciones que podrían afectar derechos individuales”.

En la conferencia se denunció que el miércoles fue atacada a tiros la sede de CALAS, y la residencia de Maldonado fue violentada y “dejaron a la vista el expediente de la mina San Rafael”.

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