Catastro de inversiones de Sofofa contabiliza 39 proyectos definidos por US$ 55.000 millones

Chile

Estas iniciativas que se encuentran paralizadas, postergadas o desistidas, representan casi el 25% del total de inversiones previstas en el país al 2021. Los sectores más afectados son Energía, con US$ 28.000 millones inmovilizados, y Minería, con US$ 27.000 millones.

Lunes 01 de Julio de 2013.- Un total de US$ 55.344 millones suman los proyectos de inversión cuyo desarrollo y puesta en marcha se han visto afectados por diversos obstáculos, generando con ello la paralización, postergación y, en algunos casos, hasta el desistimiento de las iniciativas, según revela el último Catastro de Inversiones de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), a mayo de este año.

La entidad identificó 39 obras detenidas, que representan el 23,1% del total general de la inversión en ejecución y planeada en el país para el período 2013-2021 (ver infografía). Las tres principales son Cerro Casale, Quebrada Blanca Fase 2 y Central Castilla.

La Sofofa realizará este jueves 4 de julio el seminario “Inversiones en jaque: Qué pierde Chile sin proyectos”, en el que se analizará el tema y en el que expondrá el economista Hernán Büchi, entre otros.

El catastro general da cuenta de un total de 1.053 proyectos, los que suman US$ 239.953 millones: 276 en etapa de construcción, por US$ 41.489 millones; 629 por ejecutar, que llegan a US$ 138.888 millones, y 148 potenciales, que ascienden a US$ 59.576 millones.

De acuerdo con ello, entre mayo de 2013 y diciembre de 2012 se observa un incremento de 10,7% en el monto total de inversión. Por número de proyectos, sólo hay seis nuevas iniciativas.

Para los términos del catastro, en los proyectos en construcción sólo se considera el saldo que falta por invertir, mientras que en la etapa por ejecutar se contemplan aquellos que tienen el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobados, el EIA-DIA en trámite, las concesiones y los proyectos detenidos. En la etapa potencial están aquellas iniciativas que han sido oficialmente anunciadas por las empresas, pero que aún no han iniciado su tramitación en las instancias ambientales.

Si sólo se considera la etapa por ejecutar, la participación de proyectos inmovilizados afecta el 39,8% de la inversión prevista para los próximos años.

En cuanto al tipo de obstáculos que están frenando tales iniciativas, éstos dicen relación con falta de certeza jurídica, judicialización, alzas de costos por escasez de energía, incumplimiento de la normativa ambiental y excesiva demora o alta exigencia de la autoridad ambiental. Se trata de dificultades “indirectas”, según la clasificación de Sofofa. Es decir, no surgen desde las propias empresas.

Energía y minería

De las 39 iniciativas con dificultades en su ejecución, el catastro da cuenta de que 17 proyectos están paralizados (US$ 21.568 millones), mientras 11 se encuentran postergados (US$ 21.420 millones) y otro número igual están en calidad de desistidos (US$ 12.356 millones)

Para el informe, un proyecto paralizado corresponde a aquel que no puede seguir su cronograma original por razones externas a la empresa, mientras que una iniciativa postergada no enfrenta dificultad para seguir, pero la empresa ha tomado la decisión de detenerla por razones exógenas al proyecto, como imposibilidad de firmar contratos de abastecimiento de energía. Un proyecto en calidad de desistido corresponde a una iniciativa que, a la fecha, está prácticamente desechada.

Por ramas productivas, los sectores más afectados son Energía, con 28 iniciativas detenidas, por US$ 27.969 millones, y Minería, con nueve proyectos, por otros US$ 27.040 millones.

Del total de proyectos energéticos, 24 corresponden a generación eléctrica, lo que involucra dejar de inyectar 13.581 MW a los sistemas SIC-Sing, precisa el análisis de la entidad gremial.

Además, en Energía, la mayor parte de los proyectos inmovilizados están catalogados como desistidos (ocho iniciativas, por US$ 10.721 millones). Los postergados son siete y suman US$ 9.880 millones, mientras que los paralizados son 13 y ascienden a US$ 7.368 millones.

En Minería hay tres proyectos de inversión paralizados, cuatro postergados y dos en calidad de desistidos.

Se suman, además, dos proyectos del sector Infraestructura, los que si bien corresponden a inversión portuaria, también están relacionados con las actividades minera y energética: Puerto Castilla, por US$ 300 millones, de EBX Group, y Almacenamiento de Acido Sulfúrico en el Puerto de San Antonio, por US$ 35 millones, de Codelco.

“Esta merma que se está observando en los proyectos de inversión está relacionada con temas estructurales”, dice el socio y gerente general de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo, quien menciona entre los principales factores el encarecimiento creciente de la energía, que hace perder rentabilidad, en particular, a algunos proyectos mineros. También apunta a una institucionalidad regulatoria en materia medioambiental, que “no está a la altura de los tiempos y que es bastante discrecional, pues hay muchas instituciones que participan en distintas instancias y que en cualquier momento pueden bloquear un proyecto”. Otro factor relevante en el análisis de Izquierdo es “un encarecimiento muy fuerte de la mano de obra”.

Para Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, la mayor preocupación viene dada por la fuerte concentración de proyectos detenidos en Energía, lo que “da cuenta de un problema fundamentalmente de institucionalidad, que no ha permitido que esos proyectos se desarrollen y, además, no tenemos una prioridad sobre cómo los vamos a desarrollar. Se sigue diciendo que HidroAysén no se va a hacer y nadie quiere tener cerca las centrales termoeléctricas requeridas en el Norte para abastecer a las mineras”.

Tipo de obstáculos

En esta misma línea, el informe de Sofofa detalla que las razones que durante el último tiempo han obligado a los inversionistas a frenar sus iniciativas tienen relación con diferentes obstáculos que, en algunos casos, terminan por establecer que la rentabilidad futura de los proyectos no justifica su desarrollo.

De acuerdo con las cifras, la dificultad que se presenta con mayor frecuencia es la incerteza jurídica, que ha inmovilizado 15 iniciativas, por US$ 24.755 millones, correspondientes al 44,7% del monto total de los proyectos detenidos.

Esta situación radica, dice el documento, en que actualmente los inversionistas no tienen seguridad de que podrán concretar su inversión en los plazos y costos planificados, aunque cuenten con aprobaciones ambientales y permisos que la normativa exige para garantizar el desarrollo de una iniciativa. “En ese marco se consideró al proyecto de las Líneas de Transmisión de HidroAysén (US$ 4.000 millones), cuya compañía tomó la decisión de postergar la tramitación ambiental al percibir que no están dadas la condiciones de una política energética consensuada”, señala el informe.

Las iniciativas afectadas por procesos de judicialización son nueve y llegan a US$ 11.866 millones (21,4% del total inmovilizado). En este contexto aparecen los proyectos Central Castilla (US$ 5.000 millones), la iniciativa minera El Morro (US$ 3.900 millones) y Central Termoeléctrica Punta Alcalde (US$ 1.400 millones), cuyo desarrollo, pese a contar con aprobación ambiental, se trasladó a los tribunales.

El análisis también menciona que la poca certidumbre en torno a la generación de nuevas fuentes de energía, la escasez del recurso hídrico y de mano de obra técnica, “le está pasando la cuenta a grandes proyectos de inversión, en especial a los de minería”. El obstáculo de la escasez de energía aparece en cinco iniciativas, que ascienden a US$ 7.540 millones, afectando a los proyectos Relincho (US$ 3.900 millones), Santo Domingo (US$ 1.240 millones) y San Antonio Oxidos (US$ 1.000 millones), entre los más importantes.

Existe otro grupo de iniciativas que no han logrado luz verde porque “no cumplen con la normativa ambiental”. En este ítem, que considera a siete proyectos, se incluyó la reciente suspensión a Pascua Lama (US$ 4.000 millones), donde la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a la compañía, por no cumplir con el plan de protección de aguas e instruyó paralizar las actividades de construcción hasta que se ejecute el sistema de manejo de aguas en la forma prevista en su RCA.

Un último tipo de dificultades se refiere a la “excesiva demora o altas exigencias por parte de la autoridad ambiental”. Aquí se inscribe lo acontecido con las centrales de HidroAysén (US$ 3.500 millones), proyecto que se encuentra esperando la definición del Comité de Ministros, que debe resolver los recursos presentados por la empresa y por las organizaciones ambientales en contra de la RCA otorgada a mediados de 2011, precisa el informe de Sofofa.

Por regiones, la más afectada por la inmovilización de proyectos de inversión es Atacama, donde se localizan 11 iniciativas frenadas, por US$ 28.140 millones. Esta cifra representa la mitad de los US$ 55.344 millones que están en esta situación en el país.

Efectos en la economía

Sobre el impacto futuro en la economía de que casi un cuarto del total de proyectos de inversiones esté detenido, Izquierdo dice que “es muy relevante”, sobre todo si se considera “el período espectacular en materialización de grandes proyectos de inversión de los últimos tres años”.

Agrega que el Banco Central calculó el impacto de esa inversión sobre el crecimiento y estimó que el aporte directo e indirecto, a través de toda la actividad que generan en su entorno, representa del orden de 1,5 puntos del PIB. “Si ese es el orden de magnitud que uno puede aplicar hacia adelante y, efectivamente, hay una merma relevante en la materialización de los grandes proyectos de inversión en los próximos años, el costo directo sobre el crecimiento puede ser del orden de un punto porcentual”, sostiene el socio de Gemines.

Adicionalmente a este tipo de dificultades, se encuentra el tema de si también la inversión podría verse afectada a futuro, por algunas de las propuestas que se han conocido en el marco de la contienda presidencial.

Al respecto, Patricio Rojas afirma que si bien las postergaciones de iniciativas vistas hasta ahora son anteriores a tales anuncios, “en la medida que se habla de mayor tributación, que no se aclara cómo va a ser la regulación medioambiental, por supuesto que se genera inquietud. Lo que se ha hablado en el último tiempo en nada ayuda a que los proyectos que están ya postergados se echen a andar”.

Por su parte, Tomás Izquierdo manifiesta que hacia adelante, si se materializan los más extremos anuncios de campaña, “efectivamente eso va a afectar a la inversión”. No obstante, insiste en que “las cifras actuales no responden a la coyuntura política, sino que a la mirada del ciclo político de largo plazo, que se relaciona con la falta de liderazgo político para hacerse cargo de los temas de fondo, como la regulación medioambiental y de energía”, que le restan competitividad a la economía chilena.

LTOL