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Chile

Miércoles 11 de Septiembre de 2013.- “Atendiendo la fe pública y el interés de los inversionistas comprometidos en este caso, la SVS resolvió hacer público el nombre de las personas y los tipos infraccionales que se comunican”. Así es como ayer, el regulador terminó con el suspenso -o, al menos, parte- sobre la investigación que hace más de un año lleva adelante sobre presuntas irregularidades en la cascada de SQM, el grupo de empresas con las que Julio Ponce posee el 30% de la minera no metálica.

Hechos que han sido denunciados por accionistas como Moneda y las AFP y que hoy tienen a Ponce, junto a otros tres ejecutivos, incluyendo a Aldo Motta, gerente general de Norte Grande y Calichera, con formulaciones de cargos por una serie de presuntas infracciones a la Ley de Mercados de Valores y también a la Ley de Sociedades Anónimas.

El regulador formuló cargos a dichos ejecutivos, además de Patricio Contesse Fica, gerente general de Potasios e hijo del gerente general de SQM, y a Roberto Guzmán, asesor cercano de Ponce. ¿La razón? “La presunta responsabilidad de los involucrados en diversas operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente, durante los años 2009, 2010 y 2011, que permiten presumir la existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM”.

EL ESQUEMA ESTRUCTURADO
El regulador presume la existencia de un “esquema estructurado”,  consistente en operaciones reiteradas de inversión y financiamiento que habría llevado a que las sociedades cascada proveyeran acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios bajo mercado y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas, entre otras, a las diferentes sociedades relacionadas a Julio Ponce y en menor medida a las relacionadas de Roberto Guzmán Lyon.

Según la SVS, estas sociedades, por lo general, tiempo después, vendían estos papeles a precios “significativamente mayores a los que las habían comprado y en condiciones de precios que, en la mayoría de las veces, podrían ser consideradas como sobre mercado”, teniendo como contrapartes, mayoritariamente, las mismas sociedades cascada.

Lo anterior, afirma el regulador, “daría cuenta de la realización de prácticas que no habrían perseguido el interés social de las Sociedades Cascada, pudiendo incluso vislumbrarse como contrarias al mismo y que, por otra parte, habría afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en la transparencia del mismo”.

¿El fin de la cascada? Si bien la formulación de cargos se da como primera etapa de un proceso de fiscalización, en el cual la SVS “sigue analizando hechos que pueden involucrar a otras personas y entidades”; estos dieron inicio a un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio.

¿Cuáles son estas sanciones? La Ley de la Superintendencia de Valores y Seguros establece que el regulador “podrá revocar la autorización de existencia de la sociedad, cuando proceda”. Asimismo, puede haber multas con un tope máximo de UF15 mil, cifra que en caso de tratarse de delitos reiterados, podría ser el triple para la sociedad y hasta 5 veces en el caso de los ejecutivos.

Otra opción es que el regulador fije un monto equivalente al 30% del capital involucrado en la operación irregular. La administradora de fondos Moneda ha denunciado que las operaciones irregulares suman US$6.400 mills. en la cascada, sólo entre 2009 y 2011, justamente el período que sirvió de base para la formulación de cargos del regulador.

De aplicarse alguna sanción, el regulador “podrá poner en conocimiento de la junta de accionistas las infracciones, incumplimientos o actos en que hayan incurrido los directores, gerentes, inspectores de cuentas o liquidadores, a fin de que aquélla pueda removerlos de sus cargos si lo estima conveniente”.

Lo anterior, sin perjuicio de que Ponce y el resto de los ejecutivos formulados, tendrán un plazo inicial de 20 días para presentar sus descargos y solicitar, si lo estiman pertinente, la apertura de un período de prueba.

MONEDA REACCIONA
Moneda, accionista que ha liderado las críticas en contra del manejo de la cascada, no tardó en reaccionar a la formulación de cargos de la SVS.

“Los cargos formulados por la SVS a los señores Ponce, Motta, Contesse y Guzmán dan cuenta de operaciones que a los ojos de la Ley de Sociedades Anónimas y de Valores, constituyen infracciones gravísimas. Algunas de estas infracciones son constitutivas delitos sancionados con penas que llegan hasta los 10 años de presidio”, manifestó el abogado de la administradora, Pedro Pablo Gutiérrez, quien agregó que “al no conocer los detalles de las operaciones cuestionadas no podemos aventurar mayores comentarios”.

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