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Ahora la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo deberá ser convocada para votar la iniciativa.

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Lunes 30 de Abril de 2018.-El fallo es contundente”, se escuchaba el pasado viernes en los pasillos de Andes Iron. Es que el tribunal, además de acoger todos los argumentos presentados por la compañía, ordenó retrotraer el proceso de aprobación ambiental de Dominga hasta la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva), instancia que ahora deberá nuevamente votar y argumentar su postura respecto de la iniciativa.

Pero pese a las buenas noticias, en Andes Iron reinó la cautela por lo menos hasta las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, presidenta del nuevo Comité de Ministros, instancia que durante el año tendrá que pronunciarse sobre el proyecto Dominga. El mensaje fue claro: “El proceso se ajustará a derecho”, dijo la ministra, valiendo la sentencia del organismo judicial de Antofagasta que declaró como ilegal el actuar del Comité de Ministros que lideró el entonces ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y donde se rechazó la iniciativa.

Es que los argumentos que redactó el ministro Marcelo Hernández en la sentencia hablan de los vicios que cometió el gobierno anterior, destacando que la instancia, que en ese entonces lideró Mena, actuó de manera “ilegal y arbitraria”.

Y fueron estos calificativos los que también le dieron cierto respiro al gobierno, donde la tarde del viernes también reinaba una suerte de tranquilidad. “El fallo es demasiado contundente contra el gobierno anterior, porque se vulneró el debido proceso. Se señaló que hubo vicios en la convocatoria de la citación a la sesión de agosto, los ministros no tuvieron tiempo de formarse una opinión clara sobre el proyecto y también hubo vicios en la fundamentación”, indicó una fuente del Ejecutivo.

Pero no solo los argumentos emitidos por el organismo le dieron tranquilidad al gobierno, sino también la decisión de que sean los servicios regionales los que deban pronunciarse sobre el proceso ambiental de Dominga. Es decir, una instancia técnica y no política. Es que con esa decisión, indican fuentes de gobierno, el Ejecutivo mantiene su rol de no interviniente en el proceso, acorde con la decisión de no participar en la conciliación que en marzo pasado propuso el mismo tribunal ambiental. “Se mantiene la coherencia, pues en ese momento se quiso tomar distancia y que fueran las partes directamente involucradas las que se entendieran. Y con esta decisión del tribunal ambiental, el gobierno sigue manteniendo su distancia”, indica la fuente.

Origen a una nueva votación

El camino que debe correr ahora Dominga no debería ser muy extenso. De hecho, se estima que a fin de año debería haber una “resolución a firme” por parte del nuevo Comité de Ministros.

Según explican las fuentes, es muy probable que la Corte Suprema rechace el recurso que presenten los ambientalistas. “Nunca antes la Corte Suprema ha declarado admisible una casación de terceros”, dice un abogado de la plaza.

Y con ese punto despejado, solo quedará esperar que la autoridad ambiental cite a los servicios que integran el Coeva para emitir su votación. En esta instancia será relevante el criterio que tenga la convocatoria emitida por el servicio ambiental, sobre todo considerando que el tribunal ambiental acogió la falta de motivación que tuvo la instancia en marzo de 2017, al no fundamentar sus votaciones, y donde finalmente se rechazó lo propuesto por la autoridad a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), documento que proponía aprobar el proyecto minero portuario.
Es por eso que el tribunal que preside Daniel Guevara hizo una expresa reflexión del rol de esta instancia, donde indica que el Coeva “debe aprobar o rechazar un proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental solo en virtud del informe consolidado de evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente y que el incumplimiento de esta exigencia es un vicio esencial”.

Un mensaje en esa línea también dio Marcela Cubillos, quien indicó en un comunicado que “el tribunal ha fallado y ha ordenado que se proceda a una nueva votación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, está vez ajustada a derecho”.


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