Sierra Gorda SCM descarta mineroducto y confirma que usará el galpón

Chile

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La empresa hará valer el fallo de la Corte Suprema que le permite movilizar carga a través del Puerto de Antofagasta.

Viernes 08 de Agosto de 2014.- Minera Sierra Gorda SCM descartó la posibilidad de retomar el proyecto de un mineroducto para sacar su producción por Mejillones e informó que hará valer el fallo de la Corte Suprema que le permite movilizar carga a través del Puerto de Antofagasta.

La decisión del máximo tribunal se conoció el lunes y su efecto práctico es que permite a la empresa, de capitales polacos y japoneses, conectar su faena con el trazado del FCAB, para que así el ferrocarril pueda transportar concentrado de cobre (más de un millón de toneladas por año) al galpón que ATI construye en el terminal local.

Con esto la firma minera valida el segundo plan que elabora para movilizar su producción, considerando que antes de definirse por Antofagasta, había obtenido permiso para exportar por Mejillones a través de un mineroducto de 141 kilómetros de extensión.


CAMBIOS

El vicepresidente Vicepresidente de Asuntos Legales de Sierra Gorda SCM, Miguel Baeza, explicó que los permisos validados esta semana por la Corte Suprema no pueden ser modificados y que, por ende, la empresa se mantiene en lo que fue aprobado.

'Todos los actores vinculados directa o indirectamente a la situación de la reciente sentencia de la Corte Suprema, sobre la polémica que se generó en torno al nuevo galpón de ATI han declarado que acatarán el fallo a cabalidad. Sierra Gorda SCM no será la excepción', indicó el ejecutivo.

Baeza además comentó que la opción del mineroducto obligaba a construir una parte de la planta de procesos en el Puerto de Mejillones, idea que fue desistida el año 2012, cuando se aprueba la 'actualización' del proyecto minero.

Dicha actualización implicó hacer toda una reubicación de los componentes y áreas de la faena, entre ellos, trasladar la planta que iba a estar en Mejillones al sector mina.

'El proyecto original fue modificado de tal forma que los cambios hechos al diseño de éste son incompatibles con la alternativa de un mineroducto', manifestó Baeza.


RECLAMO

Hace sólo unos días la diputada Diputada Paulina Núñez había amenazado con recurrir a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), si la empresa mantiene sus planes de embarcar por Antofagasta.

Núñez fue una de las autoras de los recursos de protección que, hasta el fallo de la Suprema, mantenían en jaque los planes de la firma.

Sobre el tema, Miguel Baeza comentó que la Ocde es un organismo internacional que promueve guías, principios y buenas prácticas entre sus países integrantes, pero no constituye un tribunal internacional con jurisdicción legal o competencia sobre un caso como el que afecta a los proyectos.

'En vez de buscar otras vías de conflicto o controversia, creemos firmemente que debemos encontrar entre todos las mejores soluciones de mejoramiento, por la vía del diálogo y la cooperación', afirmó.

El ejecutivo destacó además que el nuevo sistema que se empleará para exportar la producción de la faena (trenes con carga hasta el galpón) eleva los estándares conocidos en la industria, pues no sólo considera el uso de vagones herméticos ya adquiridos por el FCAB, sino que también un mecanismo de descarga, almacenamiento y embarque de alta tecnología operado por ATI.

'Si el puerto de Mejillones fuera capaz de brindar ese estándar de instalaciones y garantizar las capacidades, podría ser una opción en el mediano o largo plazo', subrayó finalmente el vicepresidente.


CONCEJAL

El concejal Concejal Jaime Araya, quien al igual que Paulina Núñez y el arquitecto Emile Ugarte empujaron los recursos contra las empresas, explicó que la Ocde es un organismo multilateral que promueve ciertos estándares mínimos para proteger a los países con legislaciones débiles en distintos planos.

Según, Araya en el caso local estiman que los proyectos encabezados por la minera han transgredido a lo menos siete líneas directrices fundamentales, sobre todo en el campo medioambiental.

'No es la empresa la que debe pronunciarse y nosotros tenemos el derecho de recurrir al punto nacional de contacto porque creemos que somos sujetos de protección', dijo.

Araya explicó que la empresa 'perdió credibilidad' cuando, por 'razones que aún no explica', cambió sus planes y decidió sacar su producción de concentrados a través del Puerto de Antofagasta.  

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