FNE prioriza investigación en mercado de combustibles

Chile

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, reconoció que se están indagando posibles cartelizaciones en la industria de combustibles nacional, y aunque en medio de una investigación no nos gusta apuntar a un sector, obviamente el de combustibl

3 de Noviembre de 2011.- El mercado de la distribución de combustibles, que mueve unos US$13.500 millones al año y es dominado por Copec con casi el 60% de participación, sigue bajo la lupa de las autoridades antimonopolio.

Es así como el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, reconoció que se están indagando posibles cartelizaciones en la industria de combustibles nacional, y aunque “en medio de una investigación no nos gusta apuntar a un sector, obviamente el de combustibles es un caso de alto impacto”, indicó.

Según Irarrázabal, los focos de su gestión serán los casos de alto impacto, dado que los sectores implicados y de este tipo “son los más relacionados a los consumidores, y los estamos monitoreando constantemente”.

Avances

Pese a que varios parlamentarios han afirmado que la Fiscalía Nacional Económica, en esta investigación, ha tomado muestras en ciudades como Rancagua, Valdivia y Concepción, Irarrázabal declinó referirse a este punto. Misma situación en cuanto a los avances. “Uno avanza en algunas cosas y en otras quiere avanzar más”, se limitó a señalar, agregando que “todos los casos son complicados, y los de alto impacto, con estas acusaciones de por medio, son delicados. Por lo que hay que mirarlos bien”.

De todos modos, el ex fiscal nacional económico, Enrique Vergara, recordó que “nosotros llevamos un caso al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y se rechazó un requerimiento por colusión en la distribución de combustibles ya que había falta de pruebas directas, en el año 2005”.

Vergara se refiere a uno de los casos emblemáticos que se abrió en el 2001, cuando el en ese entonces fiscal nacional económico, Pedro Mattar, formuló cargos contra Shell, Esso, Copec y Repsol YPF por concentrarse para impedir la competencia y elevar sus ganancias utilizando prácticas inadecuadas de venta.

Las empresas arriesgaron una pena de 20.000 Unidades Tributarias Anuales, en caso de que el cargo de colusión hubiera sido comprobado. Sin embargo, los antecedentes no fueron suficientes y el TDLC absolvió a las acusadas con un fallo que fue ratificado por la Corte Suprema el 26 de octubre de 2005 (Estrategia).

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