Los ministros de la corte que definirán el destino de la disputa Codelco-Anglo

Chile

El ejecutivo abordó el estado actual y futuro de las distintas operaciones mineras que dependen de esta vicepresidencia.

21 de Noviembre de 2011.- El primer round judicial entre las mineras Codelco y Anglo American se está dando en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ahí, los ministros Javier Moya, María Soledad Melo, junto al abogado integrante Leandro Carvallo, están a cargo de dirimir en uno de los conflictos más emblemáticos del último tiempo.

Y ya han tomado un par de decisiones. La sala acogió el recurso de protección y la orden de no innovar, ambos solicitados por Codelco. Gracias a esta última acción por unanimidad la cuprera estatal logró frenar las futuras ventas de acciones por parte de Anglo American de la ex Disputada, su filial chilena.

Javier Moya es ministro de la Corte de Apelaciones de la capital desde 2009, antes se desempeñó en la Corte de Apelaciones de Arica e inició su carrera en el poder judicial en 1982 en el Juzgado de Letras de Coelemu.

Como ministro de la Corte de Apelaciones ha participado en un centenar de casos. Por ejemplo, fue parte de la sala que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la universidad Pedro de Valdivia en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia que determinó que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) debía entrega información sobre el plantel educativo. Moya, abogado de la Universidad de Chile, también fue parte de los ministros que acogieron el recurso de protección presentado por la Comunidad Ecológica de Peñalolén, en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) y el municipio por la modificación del plan regulador comunal.

En tanto, María Soledad Melo, es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el 2 de febrero de 2010. Anterior a eso se desempeñó como relatora titular de la Corte Suprema y comenzó su carrera judicial en 1994 cuando fue nombrada relatora suplente de la Corte de Apelaciones de la capital. Participó en el fallo que 11 empresas del sector eléctrico debían pagar US$6,3 millones de dólares por el apagón del 12 de enero de 2003.

También integró la sala que suspendió la decisión de alcalde de providencia Cristián Labbé de no aceptar a estudiantes de otras comunas en sus colegios municipales, en medio del conflicto estudiantil (DF).

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