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Colombia

Colombia trabaja en la ruta de que las inversiones mineras realmente garanticen el desarrollo de las comunidades donde se realizan y que se puedan mitigar al máximo los efectos ambientales.

Martes 08 de Enero de 2013.- La directora de la Agencia Nacional Minera (ANM), María Constanza García Botero, explica como la negociación de Cerro Matoso, integra nuevas perspectivas de lo que debe ser inversión responsable social y ambientalmente.

¿Cuáles son los tres elementos más destacados en la renovación del contrato de Cerro Matoso?
Logramos mejores condiciones económicas para el país y la región donde se desarrolla el proyecto; viabilizamos la extensión de la vida útil de la mina; e incorporamos compromisos contractuales en materia social y ambiental.
Estos logros servirán de parámetro para los futuros contratos del sector minero colombiano y constituyen una señal importante para los inversionistas y una garantía para las regiones.

¿Qué le responde a quienes afirman que hubo falta de transparencia en el proceso?
Este proceso se ajusta completamente a la Ley y podemos garantizar que ha sido transparente, objetivo, y sobre todo, pensado para asegurar el beneficio colectivo, tanto para las regiones como sus comunidades y el país.
Este acuerdo es el resultado de una negociación integral iniciada en 2010, tiempo en el cual se contó con la articulación de varias entidades del Gobierno con incidencia en el tema y necesarias en el proceso, como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, los Ministerios de Hacienda, Salud, Trabajo, el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Contamos también con la permanente supervisión y acompañamiento de los organismos de control, del Congreso de la República, y de representantes de las comunidades y seguimos atentamente sus observaciones.
El acuerdo final tuvo acompañamiento previo de la Procuraduría y la asesoría técnica de expertos internacionales.

La Contraloría insiste en que la empresa no tiene licencia ambiental. ¿Cuál es la posición de la entidad a su cargo?
Nosotros contamos con el concepto previo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Ellos son la autoridad competente en el tema. También tuvimos el acompañamiento del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales.
Adicionalmente, la empresa ha contado con la certificación correspondiente para la exploración y explotación del proyecto desde el año 1981 para las áreas determinadas en el contrato. Si se incorporan nuevas áreas se requiere nuevo licenciamiento ambiental como lo determina el Código Nacional de Minas.

¿Por qué la extensión del contrato era la mejor opción para las partes?
El Contrato 051 firmado en 1996 establece un plazo contractual hasta el 2029, lo que fue confirmado en un concepto del Concejo de Estado.
El mismo contrato establece una opción de extensión hasta el 2044.
Lo que logramos en el acuerdo es que dicha extensión sea condicionada a criterios objetivos y medibles. Cerro Matoso S.A. debe demostrar que ha alcanzado niveles de procesamiento de 4,5 millones de toneladas (50% más del procesamiento actual) en los próximos 10 años para poder seguir operando el yacimiento. Además, logramos el aumento en las compensaciones al Estado como mayor porcentaje de regalías y compromisos firmes de inversión en temas sociales y ambientales, que estaremos vigilando en conjunto con otras entidades del Estado y de cara a las comunidades.
La extensión, por tanto, es positiva porque evita el riesgo de agotamiento de la mina antes 2029 e incentiva al contratista a realizar las inversiones que se requieren desde ya para aumentar la capacidad de la mina, asegurando los mayores beneficios para el país y las regiones.
La alternativa era esperar hasta el 2029 (con la mina agotada), y perder la oportunidad de mayor producción, mayores regalías, más impuestos, e inversiones para la región durante los próximos 17 años desde el año 2012.

Un costo demasiado alto para todos.

¿Qué garantía hay de que el yacimiento se opere hasta el 2044?
Es una opción que desde ya puede ejercer el contratista. Si el contratista no hace las inversiones -cerca de 2,1 billones de pesos (1.200 millones de dólares), y no aumenta la producción en 50% en los próximos 10 años, la condición de extensión no se hace aplicable y el yacimiento revierte al Estado en 2029 como está establecido en el Contrato 051 desde 1996 -cuya legalidad confirmó el Concejo de Estado. De no darse la prórroga las regalías solo aumentan del 12% a 13%.
La nueva tecnología viabiliza la futura operación del yacimiento y asegura desde ya la presencia de un operador con mayores exigencias por un mayor periodo.

¿Y de la inversión en nuevas tecnologías?
Lo que el acuerdo logra son condiciones claras para la realización de las inversiones que logran aumentar la capacidad de procesamiento del yacimiento.
El contratista sabe a qué atenerse y cuenta con un plazo de negocio amplio, de forma que está en capacidad de recuperar sus inversiones en tecnología (US$ 1.200 millones) en un plazo razonable.
Lo importante para el país es que ese aumento de producción se refleja en mayores ingresos por regalías e impuestos, y en la generación de empleo estable en la región por los próximos 32 años.

¿Sirve el modelo en contratos próximos a expirar?
Así es. El acuerdo alcanzado es el resultado de un nuevo modelo de negociación con un enfoque integral en el sector minero, donde el Estado obtiene mayores beneficios sociales, ambientales y económicos que en el pasado.
También refleja el cumplimiento de estándares internacionales que se imponen en el sector de la industria extractiva.
Podemos decir que Cerro Matoso abre una nueva etapa en la manera como el Estado colombiano negociará en adelante los contratos mineros, en el entendido de que debe haber un apego total a la Ley, transparencia en los procesos y mayores ventajas para las regiones y sus comunidades, razón por la que incorporamos cláusulas obligatorias en materia de inversión social y ambiental, y mecanismos de rendición de cuentas ante las comunidades.
Ellas tendrán un rol más activo y podrán saber de primera mano cómo va el cumplimiento de la empresa cada año en materia de inversión social en la región donde opera el proyecto.

¿Qué mensaje se les envía a las mineras ?
Que en Colombia hay recursos atractivos, existen reglas de juego claras y que la explotación de los recursos naturales del subsuelo debe traducirse en beneficio social y económico para el país, con responsabilidad ambiental y transparencia.
Somos respetuosos de la Ley y exigimos su estricto cumplimiento por todos los agentes.

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