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Argentina

La ley 26.360 de 2008 ofrece los beneficios fiscales que Vale pide para seguir con el proyecto. Una salida política que no llega.

Viernes 05 de Abril de 2013.- Hay una ley vigente que le ofrece a los inversores los beneficios fiscales que Vale reclama para poder avanzar con la construcción y puesta en producción de la mina Potasio Río Colorado en Malargüe, un proyecto que contempla inversiones totales en el país por unos U$S10.900 millones. Se trata de la ley nacional 26.360 que abre un régimen de promoción de inversiones contra la presentación de certificados de crédito fiscal.

El dato surge de un trabajo de investigación realizado por el economista Rodrigo González, de la fundación Ideal y la Universidad de Mendoza, sobre alternativas posibles para que el proyecto minero de Malargüe pueda retomarse.

Es que frente a la escalada de los costos internos, el atraso cambiario, el cepo al dólar y las trabas para importar que rigen en la Argentina desde fines de 2010, la minera Vale comenzó a buscar alternativas para poder avanzar y llevar adelante la construcción de la mina Potasio Colorado en Malargüe, Mendoza, y la red ferroviaria por Neuquén y Río Negro hasta el puerto en Bahía Blanca.

Frente a un contexto donde los costos internos estaban llevando por las nubes las necesidades de inversión de Vale para poder construir el proyecto en Argentina, fue que desde la empresa empezaron a reclamar formalmente al Gobierno nacional exenciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sus gastos destinados a ese emprendimiento hasta iniciar la producción, originalmente calculada para fines del 2014, aunque luego postergadas para 2015. Pero el Gobierno argentino nunca dio respuesta a este planteo.

“El proyecto va a ir más lento que lo previsto. Posiblemente comience (a producir) en 2017 o 2018. Vale está pidiendo exención al IVA (Impuesto al Valor Agregado) hasta empezar a producir y un mejor tipo de cambio", dijo a Reuters en febrero una fuente del mercado vinculada a Vale que pidió no ser identificada.

Hoy el proyecto está paralizado desde diciembre, el diálogo roto y una conciliación obligatoria que mantiene las fuentes de trabajo al menos hasta el 18 de abril. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué puede llegar a pasar a partir del 19 de abril.

Con esa premisa, desde la fundación Ideal y la Universidad de Mendoza se pusieron a buscar alternativas en el intento por rescatar del fracaso a un proyecto con un impacto inédito en la generación de riqueza, empleo, exportaciones, infraestructura y recursos fiscales para Mendoza. Un proyecto inviable desde el Estado y la inversión en obra pública.

“Hay una multiplicidad de regímenes de promoción para la atracción de inversiones que rigen en la Argentina y que apuntan a lo que Vale está pidiendo para continuar con el proyecto”, advierte el economista Rodrigo González, antes de señalar que los “desbalances en el IVA impactan negativamente en todos los proyectos de inversión. Mucho más en lo que es minería, donde hay que hacer fuertes inversiones en los cuatro a cinco primeros años antes de empezar a producir”.

A la hora de encarar un proyecto, las empresas mineras tienen que hacer grandes inversiones en los primeros años de construcción para que, recién a partir del cuarto a quinto año, empiece la etapa de producción desde cuando se generan ingresos.  Con este flujo de caja, que coincide con la mayor generación de empleo, las empresas mineras tienen que pagar la mayor cantidad de IVA e impuestos en la etapa de inversión, de ahí el origen de los regímenes especiales vigentes.

Uno de estos regímenes es el contemplado por la ley nacional 26.360, sancionada y promulgada en 2008. En su artículo 3º, esta norma establece que todas aquellas empresas que encaren proyectos de inversión en bienes de capital (es el caso de Vale, pues construye una mina) pueden “obtener la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el proyecto de inversión propuesto o, alternativamente, practicar en el Impuesto a las Ganancias la amortización acelerada de los mismos”.

Esta norma fue prorrogada dos veces. La última vez por mandato de la ley 26.784 hasta el 31 de diciembre de 2013. Mirá aquí el texto completo de la norma.

Según explica Rodrigo González, la sola aplicación de esta norma o de algunos de los regímenes vigentes, como la Promoción Industrial en las provincias vecinas a el de Tierra del Fuego, tendría un impacto positivo en el proyecto Potasio Río Colorado, ya que significaría un ahorro en los costos de inversión de entre U$S1.000 a U$S1.200 millones, algo así como el 10% del costo total del proyecto, incluida la mina, la vía del ferrocarril y el puerto de Bahía Blanca.

No es un perdón de impuestos, sino la posibilidad de diferir en el tiempo la carga impositiva para pagar cuando el proyecto esté en producción. “Esta solución aún no ha sido explorada”, advierte González.

Mdzol.com

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