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Chile

Según el abogado opositor, la firma podría repetir su estudio ambiental o pagar indemnizaciones.

Jueves 11 de Abril de 2013.- “Como institucionalidad ambiental y como gobierno no estamos dispuestos a aceptar proyectos que no cumplan con las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y con los compromisos que ahí se han adquirido”, dijo la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó que paralizó el proyecto Pascua Lama, de Barrick, mediante una orden de no innovar.

Así, el gobierno no tardó en apoyar la medida. Incluso a primera hora de la mañana de ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que no les extraña para nada (la suspensión) y que les parece bien “que se haya podido, a través de un organismo judicial, suspender faenas mientras Pascua Lama cumpla efectivamente con todos los cargos que la Superintendencia de Medioambiente ya le había hecho”.

?El reclamo?

La acción judicial fue interpuesta por siete comunidades indígenas diaguitas del valle del Huasco que acusan que la empresa está perjudicando los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y contaminado los recursos hídricos de la zona.

Frente a la resolución de la Corte, Rodrigo Jiménez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick indicó que no han sido notificados de esta medida. “Una vez que seamos notificados, la revisaremos en detalle y definiremos las acciones correspondientes”, comentó y añadió que “las actividades de construcción en Argentina no están afectadas”.

Lo que viene?

En tanto, el abogado de las comunidades diaguitas que interpusieron el recurso de no innovar, Lorenzo Soto, dijo que ahora “hay que esperar que la Corte se pronuncie definitivamente” y que está a la espera de tres informes de servicios públicos que encargó: de la Superintendencia de Medio Ambiente, del Servicio de Salud de la región y del SEA. Con estos documentos, más los alegatos que deberían producirse dentro de un mes, la Corte podrá definir si levanta la orden o pide a los servicios que determinen qué acciones necesita tomar la empresa para continuar con su proyecto.

“Esto puede significar una nueva Evaluación Ambiental, realizar una consulta indígena, o determinar que el proyecto ya está generando daños y podría tener que indemnizar a los afectados”, sentenció.

DF

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