Minera canadiense Bear Creek logra luz verde de comunidades para plan en Perú

Perú

Bear Creek acordó destinar 1,6 millones de dólares anuales por 23 años a un fideicomiso para el distrito de Corani, pagos que hará incluso si se caen los precios de los metales. Para este pacto se tomó como ejemplo un trato de la productora de oro peruana IRL, que dará una participación del 5 por ciento a las comunidades.

Martes 16 de Abril de 2013.- Bear Creek Mining logró el visto bueno de las comunidades aledañas a su mina Corani en el sur de Perú, con lo que la firma canadiense podrá avanzar el proyecto de plata de 700 millones de dólares, dijo su presidente ejecutivo, Andrew Swarthout.

Unos 800 residentes de las cinco comunidades que conforman el distrito Corani expresaron el viernes su conformidad con el plan minero, en la última de una serie de audiencias públicas en las que se discutió el proyecto en lengua quechua.

Obtener el beneplácito de las comunidades -lo que se conoce como licencia social- es un gran desafío para las empresas mineras que operan en Perú, donde el Gobierno central intenta apagar decenas de disputas a lo largo y ancho del país en medio de temores ambientales y reclamos de mayores beneficios.

Para aplacar los conflictos que retrasarían inversiones por más de 50.000 millones de dólares, el Gobierno ha endurecido los estándares ambientales, descentralizado la distribución de los impuestos y exigido a las empresas que logren el apoyo explícito de las comunidades en sus planes en Perú, un importante productor mundial de metales.

Cada vez es más común ver que algunas mineras también sellan acuerdos de distribución de ingresos con las comunidades para ayudarlas a financiar proyectos de infraestructura o educativos.

Bear Creek acordó destinar 1,6 millones de dólares anuales por 23 años a un fideicomiso para el distrito de Corani, pagos que hará incluso si se caen los precios de los metales.

Para este pacto se tomó como ejemplo un trato de la productora de oro peruana IRL, que dará una participación del 5 por ciento a las comunidades.

"Fue muy exitosa", afirmó Swarthout sobre la última reunión pública realizada en Corani.

"Alcanzar acuerdos respecto a los pagos voluntarios y el reparto de ingresos es algo crucial para obtener el apoyo de la gente", dijo en una entrevista con Reuters la noche del domingo.

La audiencia pública fue monitorizada por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas de Perú.

"Todas las familias dieron su licencia social" para el proyecto, dijo Edmundo Cáceres, alcalde de Corani, al diario local Los Andes.

La "licencia social" es parte de la revisión ambiental del plan. El Gobierno, por su parte, debe aprobar o pronunciarse en los próximos 90 días sobre el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa en diciembre.

Bear Creek espera tener las aprobaciones necesarias antes de fin de año y pasar a la etapa de financiamiento y construcción de la mina hasta el 2014, para ponerla en marcha en el 2015.

La empresa ha dicho que Corani produciría un promedio de 8 millones de onzas de plata al año, que lo convierte en uno de los mayores depósitos del metal precioso sin desarrollar en todo el mundo.


¿REVISANDO PROYECTO SANTA ANA?

El presidente Ollanta Humala ha buscado desesperadamente apaciguar los conflictos sociales en la minería desde las violentas protestas contra el proyecto de oro Conga, de 5.000 millones de dólares, de la estadounidense Newmont Mining, que provocaron el cambio de su gabinete dos veces.

Similares protestas paralizaron en el 2011 el proyecto Santa Ana de Bear Creek en la región aymara de Puno -cerca de la frontera con Bolivia- durante los últimos días del Gobierno del ex presidente Alan García, que inicialmente apoyó a la minera.

Luego García canceló el permiso a Santa Ana, golpeando el precio de su acción, ahora en 2,31 dólares canadienses. La compañía ha demandado judicialmente al Gobierno para que el decreto de García sea anulado y pueda continuar con el plan.

Swarthout dijo que espera ganar una sentencia de una impugnación constitucional que la empresa ha presentado.

Además podría potencialmente recurrir al arbitraje basado en el acuerdo de libre comercio entre Perú y Canadá si el asunto no es resuelto por las cortes locales, afirmó.

"Creo que ahora, que nosotros hemos superado esta particular traba en Corani, empezaremos a ver más valor", afirmó refiriéndose al precio de la acción.

"Es una situación muy particular en la que nosotros estamos tratando de obtener un proyecto autorizado por el Gobierno y tratando de resolver una disputa con el Gobierno por otro lado", agregó Swarthout.
Bear Creek tenía planeado comenzar a producir plata a inicios del 2012 en Santa Ana, ubicada en el sureste de Perú. La mina tiene reservas por 63,2 millones de onzas de plata.

La revista local Caretas reportó en el 2011 que los mineros ilegales participaron en las protestas contra Santa Ana, quienes creían que la concesión tenía depósitos de oro además de plata.

Desde que el proyecto Conga de Newmont fue retrasado, el Gobierno ha tratado repetidamente de calmar las preocupaciones de los inversionistas frente a la oposición de las comunidades a la minería mencionando que los grandes proyectos que tienen todos los permisos necesarios están construyéndose o avanzando.

Estos incluyen al proyecto de cobre Constancia de Hudbay Minerals de 1.500 millones de dólares, Toromocho de la china Chinalco de 3.500 millones de dólares, Las Bambas de Xstrata de 5.200 millones de dólares y Quellaveco de Anglo American por 3.300 millones de dólares, aunque esta firma dijo que revisará los costos de Quellaveco.

"Creo que hay mucha presión en el Gobierno de los inversionistas para obtener un éxito", dijo Swarthout. "El Gobierno necesita una victoria para calmar a los inversionistas extranjeros", agregó.

Terra