Mendoza podrá ser socia en la explotación de sales de potasio

Argentina

El Senado aprobó un proyecto que amplía el objeto social de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). El permiso para trabajar en la mina malargüina aún está en manos de la brasileña Vale.

Miércoles 24 de Abril de 2013.- Con un escenario político extraño, el Ejecutivo obtuvo finalmente la aprobación de Senadores para obtener la herramienta que le permitirá asociarse a un posible nuevo dueño del proyecto Potasio Río Colorado. Es que la Cámara Alta dio media sanción ayer a una iniciativa del senador Gustavo Cairo (PRO) por la cual se le suma al objeto de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) la posibilidad de participar en la explotación de la mina de sales de potasio de Malargüe.

Lo hizo con el apoyo de los bloques radical, Unidad Popular, Nuevo Encuentro y, obviamente, el PJ (ahora unificado). Sin embargo, el PD y el Arturo Illia (radicales iglesistas) le bocharon la idea a Francisco Paco Pérez. En el caso de estos últimos, su actitud fue extraña, porque hasta el momento vienen apoyando cada iniciativa del Ejecutivo. Pero la verdadera sorpresa fue la enérgica postura negativa de César Biffi, quien integra la bancada radical. El senador se mantuvo firme en desaprobar el cambio en el objeto de Emesa, siguiendo el argumento que antes de acordar el acompañamiento esgrimían los radicales: eso no es más que un placebo que no remediará la situación de Vale.

Mientras los demás radicales consensuaron acompañar al Ejecutivo y no negarle una herramienta que podrían necesitar de encontrar un nuevo comprador de las acciones de Potasio Río Colorado, Biffi se quedó en la vereda de enfrente, más cerca del iglesismo que de su propio bloque.

A favor y en contra

El resto de los radicales se mostró a favor del Gobierno en este pedido. Al respecto, Sergio Moralejo indicó que lo hicieron a través de la elaboración de un despacho por el cual la ampliación del objeto social de Emesa apuntó sólo al proyecto Potasio Río Colorado –cuyo permiso de explotación todavía está en manos de la brasileña Vale– y no extendiéndolo a todas las iniciativas de minería no metalífera, como en principio se pretendió. “No vamos a negarle al Gobierno ninguna herramienta que necesite para salvar Vale”, aseguró el legislador. El mismo argumento fue el de los demás partidos que apoyaron la idea de Cairo.

Mientras, los legisladores que dieron la espalda al proyecto explicaron que aportaría más motivos para que grandes empresas decidieran no invertir en la provincia por inseguridad jurídica. Carlos Aguinaga (PD) manifestó que, para que esta idea funcionara, el Gobierno debería declarar la caducidad de la concesión de los permisos de explotación, salvo que Vale accediera voluntariamente a aceptar a Emesa como posible socio. “Pero esto podría hacerse como un acuerdo privado entre las partes, y no hace falta una ley ni un cambio en Emesa”, sostuvo el demócrata. Y agregó: “Una legislación al respecto le daría al Ejecutivo la excusa ideal para revocarle los permisos a la firma brasileña”.

El presidente de la Comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, Fernando Simón (PJ), aseveró que “esta herramienta no le da al Ejecutivo ninguna facultad extraordinaria para declarar la caducidad de los permisos; eso no es así y los legisladores lo saben”. De hallarse un nuevo dueño para la explotación, éste podrá incluir al Gobierno, asociándolo, por lo que el Ejecutivo podría reclamar valores superiores al 3% de las regalías, que es lo que se cobraría si la mina estuviese siendo explotada.

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