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Chile

Dos cambios propuestos por Michelle Bachelet causan temor: el aumento de las potestades del ente recaudador y la eliminación del beneficio tributario para las empresas que reinvierten sus utilidades.

Miércoles 16 de Abril de 2014.- La reforma tributaria anunciada por Michelle Bachelet –que se discute en estos días– aborda prácticamente todas las actividades económicas del país sureño. En el sector empresarial, la preocupación radica en la posibilidad de que la propuesta tenga efectos sobre el crecimiento y la inflación, “pero, sobre todo, porque no hemos tenido los tiempos para influir en el debate de manera más importante”, explicó a SEMANAeconómica Pablo Bobic, asesor legal de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) de Chile, el gremio que agrupa al empresariado chileno.

Si bien, desde julio del año pasado, se sabía que Bachelet retomaba el poder con una reforma tributaria (SE 1382), recién el 31 de marzo se conoció la propuesta concreta. De ahí que todos estén corriendo contrarreloj para identificar los cambios más importantes y sus posibles consecuencias.

Los puntos de la reforma que ya se dan por hechos son los siguientes: el otorgamiento de mayores facultades para el Servicio de Impuestos Internos (SII) a fin de evitar la evasión y la elusión tributaria, la eliminación del Decreto Ley N° 600 (invariabilidad de tributos para ciertos inversionistas extranjeros), el incremento del impuesto a las empresas y accionistas, y la eliminación del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT).

El aspecto más controvertido –cuya constitucionalidad, incluso, se cuestiona– es la atribución de más facultades a la autoridad tributaria a fin de evitar la elusión. Tal como pasó en el Perú en el 2012 con la Sunat (SE 1349), ahora el SII tendrá mayor discrecionalidad para identificar y sancionar los casos.

El problema con ello es que la línea entre una operación legal y una ilegal a fin de disminuir la cantidad de impuestos a pagar es muy tenue. Y en el caso de que el SII la considere ilegal, los directores y representantes legales tendrán las mismas sanciones que los asesores que hayan intervenido en la operación. Asimismo, el SII podrá acceder a la información “necesaria para cumplir su misión fiscalizadora’ de entidades como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), entre otros”, señala el Diario Financiero de Chile.

En cuanto a la eliminación del Decreto Ley N° 600, la ministra de Minería del país sureño, Aurora Williams, ha afirmado que antes de diciembre del 2015 estarán disponibles incentivos alternativos para la inversión. Con ello, se intenta suplir el vacío que deje la eliminación de esta ventaja tributaria destinada a inversiones grandes de largo plazo, como es el caso del sector minero. Cabe resaltar que los contratos actuales que gozan de este beneficio no serán afectados y seguirán vigentes.

Respecto a los dos últimos puntos de la reforma, el objetivo es cobrar los impuestos una vez que la renta es generada, independientemente de que ésta sea reinvertida o retirada. El régimen vigente permite diferir el pago de impuestos mientras que la renta sea reinvertida. Ahora se propone que se deba pagar de todas maneras a fin de año (ello derivará en la eliminación del FUT). Asimismo, el impuesto a la renta de las empresas se vería incrementado gradualmente cinco puntos porcentuales, hasta llegar a 25% en el 2017.

Aunque la propuesta incluye muchos aspectos, el gobierno espera una rápida aprobación en el Congreso, pues la demora sólo contribuye a incrementar la incertidumbre en el sector empresarial y, con ello, frenar las inversiones. “El gobierno tiene mayoría en el Congreso para aprobar absolutamente toda la reforma sin oposición”, explicó a SE Bobic. De ahí que, para él, el tiempo que tome y el debate que en consecuencia se genere permitirán saber si se trata de una reforma impuesta o una propuesta.

En menos, la Cámara de Diputados aprobaría la reforma, el Senado la debatiría en un plazo máximo de dos meses, y en julio al menos una parte de la reforma estaría vigente.

Semanaeconomica.com/

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