jueves 10 de octubre del 2019.- La movilidad eléctrica, y las estrategias que como país tenemos que implementar para promoverla, es un tema que ha llamado la atención de múltiples sectores en los últimos meses. Es precisamente en la diversidad de actores que deben involucrarse para su despliegue donde radica, al mismo tiempo, su principal fortaleza y mayor debilidad.

Cuando miramos la movilidad eléctrica desde la perspectiva del sector minero vemos, por ejemplo, las oportunidades relacionadas con el uso del litio como materia prima para la fabricación de baterías. Avanzar en la cadena de valor, desde el procesamiento de material básico hacia la manufactura de componentes en base a litio, es un viejo anhelo que nos permitiría multiplicar por cuatro el valor de nuestra industria.

Algo similar sucede con el cobre. Un auto eléctrico utiliza, al menos, cuatro veces más cobre que un auto convencional. Por lo tanto, la masificación global de la movilidad eléctrica podría producir un aumento relevante de la demanda de nuestro principal producto de exportación. Esto es especialmente importante cuando, además, es muy probable que a ese cobre se le exijan mayores estándares de sustentabilidad.

A nivel local, el sector de transportes podría ver aumentada su productividad, ya que un kilómetro recorrido con propulsión eléctrica es más económico que uno recorrido con un motor a combustión. Esto sin duda impone el desafío de desarrollar una infraestructura de carga que permita, tanto al transporte de carga como de pasajeros, satisfacer adecuadamente sus necesidades energéticas. Sin mencionar lo relevante que es fomentar el transporte eléctrico ferroviario. Una tarea aún pendiente.

Desde la perspectiva económica, el desarrollo de una red de carga impone el desafío de asegurar la interoperabilidad de esta red. Es decir, que los cargadores y vehículos, de cualquier marca, se puedan comunicar entre sí con el propósito de evitar que un estándar de carga dominante imponga restricciones a la competencia de proveer el servicio de carga.

Con respecto a sus efectos medioambientales, el reemplazo de los vehículos a combustión interna por vehículos eléctricos traerá una importante disminución del material particulado en las zonas urbanas. Sin embargo, desde una perspectiva energética, el aumento de la demanda eléctrica deberá ser suplida por un importante aumento de la generación renovable. De otra forma, se produciría un aumento de la operación de centrales termoeléctricas que aumentarían las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales, reduciendo significativamente los beneficios ambientales de esta nueva tecnología.

En definitiva, la movilidad eléctrica si bien no es un fin en sí misma, sí es una herramienta muy efectiva para abordar los múltiples desafíos económicos, sociales y ambientales que nuestro país enfrenta. Sin embargo, es claro que para aprovechar al máximo sus beneficios, debemos ser capaces de generar una política pública integral, que coordine de manera eficaz tanto a actores públicos como privados, de otra forma, sólo se quedará como una nueva tecnología de la cual no fuimos capaces de extraer su verdadero valor, limitándonos sólo a tener nuestras calles llenas de este nuevo tipo de vehículos.