miércoles 15 de enero del 2020.- Ayer se conoció la querella presentada por Codelco en contra de quienes resulten responsables por el delito de estafa por un hecho asociado a irregularidades vinculadas a sobreprecios en los seguros de vida de los trabajadores de Chuquicamata y Radomiro Tomic. El fraude se habría realizado entre los años 2005 y 2018, con un daño patrimonial estimado en US$22 millones.

Al ser consultado al respecto, el ministro de Minería, Baldo Prokurica sostuvo que «esto es un hecho no solo desde el punto de vista de los montos (US$22 millones), sino que además es un hecho grave porque aquí hay recursos que pertenecen a todos los chilenos de una empresa del Estado y además recursos de los propios trabajadores».

El secretario de Estado añadió que «es un hecho que viene ocurriendo hace mucho tiempo y que se fue consolidando como un uso en donde se transferían recursos a ciertos dirigentes sindicales que contrataron estos seguros que eran financiados con recursos de Codelco y también de los trabajadores».

«Quiero expresar mi preocupación por lo que está ocurriendo y pedir que estos hechos se investiguen a fondo y que se obtenga la verdad de lo ocurrido. Si hay personas que aquí han utilizado mal estos recursos deberán ser sancionados para evitar lo que ocurre siempre, que es que se generaliza. Estos no son todos los dirigentes de los trabajadores de Codelco. Esto es un grupo determinado de una división y esperamos que la investigación se haga a fondo y que se aclaren estos hechos por lo graves que son», puntualizó Prokurica.

Cabe destacar que en el escrito presentado, Codelco solicitó que se cite a declarar a ejecutivos de la Compañía de Seguros Chilena Consolidada, a los dueños de Gestión y Servicios Ltda. (GyS), y a 50 dirigentes y ex dirigentes de los Sindicatos de Trabajadores 1, 2 y 3 de División Chuquicamata (DCH) y ex dirigentes del Sindicato de Trabajadores de División Radomiro Tomic (DRT), de modo de esclarecer los hechos y determinar los responsables de los delitos.

La minera estatal detalló ayer por medio de un comunicado que «esta situación fue descubierta luego de distintas investigaciones que dieron cuenta de un sobreprecio injustificado en el pago de los seguros de vida y de accidentes personales contratados por los sindicatos, y cuya prima era financiada en partes iguales por los trabajadores afiliados y Codelco. Las directivas sindicales estaban a cargo de la administración de los seguros, incluyendo la búsqueda de la aseguradora, la revisión de las ofertas y, finalmente, la contratación de la entidad escogida, por lo que eran ellos quienes definían cómo y a quién adjudicar el contrato».