Fallo de Punta Alcalde reabre pugna sobre el rol de la Justicia

Chile

La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que invalidó la aprobación del Comité de Ministros a la central de Endesa, generó críticas y reabrió la preocupación privada sobre hasta dónde pueden llegar los tribunales.

Lunes 05 de Agosto de 2013.- Castilla y Punta Alcalde. Dos centrales termoeléctricas que tienen varias cosas en común. La primera es que ambos proyectos corresponden a centrales a carbón. Además, las dos iniciativas pretendían instalarse en la Región de Atacama, zona que tiene el mayor déficit de proyectos de generación. Y, en tercer lugar, tanto Castilla como más recientemente la central de Endesa han sido paralizadas por la Justicia.

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que anuló la aprobación que había dado el Comité de Ministros al proyecto Punta Alcalde (740 MW, US$1.400 millones) y que fue dado a conocer el pasado jueves, abrió un nuevo debate acerca de cuál es el campo de acción de la Justicia ordinaria en temas que deberían ser más técnicos, considerando que existen organismos específicos para resolver estas controversias, a lo que se suma, desde una perspectiva más general, la discusión acerca de si es adecuada la institucionalidad a la hora de tramitar proyectos de inversión.

Lo anterior cobra más fuerza considerando que está en plena puesta en marcha la nueva institucionalidad ambiental, que incorpora estamentos que entre sus objetivos tácitos está, precisamente, el de dar mayor certeza jurídica.

Esto, siempre y cuando cumplan con todas las obligaciones ambientales que la ley les impone.

Pero en el caso particular de Punta Alcalde, los cuestionamientos a la Justicia son más complejos, porque lo que se cuestiona no es una decisión técnica del SEA (instancia que, por el contrario, rechazó Punta Alcalde), sino la respuesta posterior del Comité de Ministros, instancia que es por naturaleza más política o discrecional y que no debería tener flancos abiertos de carácter técnico.

El Comité de Ministros había resuelto obligar al titular, Endesa, a financiar mitigaciones ambientales con el objeto de generar un efecto en el impacto ambiental global de la zona de Huasco, donde se emplazaría Punta Alcalde. Esta idea, alabada en su minuto por amplios sectores, sería varios meses después impugnada por los abogados contrarios al proyecto, con el posterior respaldo de la Justicia.

Lo que está por verse es si las instancias superiores, como la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, van a respaldar las decisiones de los Tribunales Ambientales desde un comienzo, o bien, revisarán todo el expediente otra vez. Y a juzgar por las últimas resoluciones, varios abogados sostienen que optarán por realizar un nuevo análisis.

La corte ha comprometido que no cuestionará a los tribunales especializados. Pero por ahora las preguntas persisten.

En el caso particular de Punta Alcalde, el abogado Sebastián Abogabir, asociado de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, explica que los recursos de protección fueron presentados cuando recién se estaban instalando estos juzgados particulares, por lo que se trata de un tema más bien de timing.

“Eso puede explicar por qué se declararon admisibles, pero es esperable y conveniente que en el futuro, temas de esta complejidad, sean resueltos por el Tribunal Ambiental y no vía recurso de protección”, plantea Abogabir.

“Las decisiones del Comité de Ministros siempre pueden ser reclamadas, así lo establece la propia ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El tema importante es la vía por la que se canaliza esa revisión ahora que los Tribunales Ambientales se encuentran operativos. Esto porque, precisamente los Tribunales Ambientales fueron concebidos dado que existía un consenso en que la complejidad de los temas ambientales demandaba la existencia de tribunales especializados”, agrega el profesional.

FALTA CLARIDAD
Según Susana Jiménez, investigadora de Libertad y Desarrollo (ver entrevista relacionada), es preocupante para los titulares de proyectos la falta de claridad sobre cuándo está puesta la última palabra y se puede empezar a construir un proyecto. “Preocupa que sea el Poder Judicial el que esté definiendo y dictando la política energética del país y que no exista deferencia con la institucionalidad vigente (como en este caso) ni con los órganos técnicos especializados (como fue el caso Castilla)

Mientras esto se resuelve, en Atacama preocupa, y mucho, la falta de energía para proyectos mineros. Se estima que la demanda se elevará entre este año y 2017 en 1.000 MW adicionales. En caso contrario, algunos proyectos mineros deberán posponerse. Hoy lunes, el gobierno entregará una actualización de la cartera de inversiones mineras para la década y se espera que de los US$100 mil millones anunciados el año pasado se caiga a niveles bastante por debajo de eso.

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