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Colombia

La decisión le da nuevas herramientas a Colombia para enfrentar este delito.

19 de Septiembre de 2012.- Los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones están decididos a atacar de frente un problema que ha comenzado a extenderse por la región, y que afecta de manera severa a sus economías y al medio ambiente: la minería ilegal.

Una propuesta en este sentido, presentada por un comité de expertos de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, y que está prácticamente aprobada por parte de la CAN, tiene como base la creación de un frente común de cooperación contra este delito.

El documento también incluye la constitución del Comité Andino contra la Minería Ilegal, en el cual tendrán asiento representantes de las autoridades nacionales competentes en la materia, con el fin de coordinar la implementación de las disposiciones establecidas en la presente decisión.

La iniciativa se refiere a una acción coordinada para fortalecer la capacidad y efectividad en la prevención y control de la minería ilegal y sus efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, trabajando para ello de manera armónica.

DECOMISO DE EQUIPOS

La propuesta oficial señala: “los países miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas”.

De la misma manera, se plantea la obligatoriedad en el intercambio de información oportuna destinada a identificar a quienes, dentro de su territorio, estén siendo investigados o hayan sido condenados o sancionados por actividades de minería ilegal y delitos conexos.

De acuerdo con la iniciativa conocida por Portafolio, los países de la región también se comprometen a intercambiar informes sobre personas naturales o jurídicas que comercialicen, importen o exporten minerales, maquinaria, equipos, insumos e hidrocarburos utilizados en la minería.

El Comité Andino Contra la Minería Ilegal, aprobará su reglamento durante la primera reunión, que se llevará a cabo en un plazo, no mayor, a los 30 días siguientes a la aprobación de la presente decisión por parte de las naciones.

Entre los objetivos, figura la estrategia de formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional.

También se ejecutarán acciones contra la minería ilegal, de conformidad con su legislación interna, tales como el decomiso o incautación de los bienes, maquinaria y sus partes, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de la minería ilegal, así como la neutralización, destrucción, inmovilización, inutilización o demolición de bienes.

LA CLAVE, MEDIDAS DE COOPERACIÓN

Las naciones que hacen parte adoptarán acciones que comprendan la cooperación en busca de:

Combatir el lavado de activos y delitos conexos provenientes de la minería ilegal; fortalecer mecanismos de control y trazabilidad de maquinaria, hidrocarburos, equipos e insumos, utilizados en la minería, así como del producto final de la misma; planificar y ejecutar operativos contra la minería ilegal, mediante acciones coordinadas en zonas de frontera; colaborar en la identificación y persecución de quienes participen en aparatos o estructuras organizadas al margen de la ley para realizar minería sin autorización; restaurar o rehabilitar ecosistemas transfronterizos afectados; implementar programas, proyectos y acciones para el combate de esta actividad ilícita; intercambiar experiencias sobre procesos de formalización de la minería en pequeña escala o artesanal; y otros asuntos que puedan ser decididos por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina y el Comité Andino contra la Minería Ilegal que se creará.

EL FENÓMENO SE ATACARÁ EN FORMA INTEGRAL

Los objetivos de la decisión Andina son los siguientes:

Enfrentar de manera integral y coordinada a la minería ilegal y actividades conexas, que atentan contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana; optimizar el control y vigilancia de la importación, exportación, transporte, procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo de transacción, a nivel andino y con terceros países, de minerales y sus productos provenientes de la minería ilegal, así como de maquinarias, equipos, insumos e hidrocarburos que puedan ser utilizados en la misma; y desarrollar acciones que contribuyan

a la formalización minera, fomenten la responsabilidad social y ambiental, y promuevan el uso de métodos y tecnologías eficientes para el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

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