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Internacional

Perú proyecta US$ 60, 000 millones y en Chile, US$ 100, 000 millones. Esta cifra es veinte veces más de lo que se ha invertido en una década. 

30 de Octubre de 2012.- Mayor inversión minera y alto grado de conflictividad social, un Estado debilitado que sobrepone la actividad extractiva sobre la protección del ambiente, la oposición de la sociedad civil ante el peligro de un proyecto extractivo y el crecimiento de las inversiones en proyectos mineros fueron los temas discutidos en el foro: “15 años de extractivismo en el Perú y América Latina” organizado por los quince años de CooperAcción.

Marco Arana, cabeza visible del conflicto Conga; Juan Carlos Sueiro, especialista en el sector pesquero; el chileno César Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina; el uruguayo Eduardo Gudynas de Centro Latinoamericano de Ecología Social y José De Echave, ex viceministro del Ambiente y experto en temas mineros de Cooperacción expresaron su preocupación ante el inminente crecimiento del sector extractivo en el país y en América Latina.

“El deber del ministro del Ambiente no es preocuparse de la generación de empleo o del rédito exportador. Su trabajo es preocuparse por las condiciones ambientales”. Enfático, el uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social, responde al Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para quien “salir del extractivismo no tiene sentido”. Gudynas mostró su preocupación frente a lo que, dice, es una tendencia en los ministros del ambiente de la región: la confusión de funciones y la prioridad a las inversiones sobre la protección del ambiente. “Lo vimos en la administración Lula, en Brasil –dice Gudynas- que cambiaba ministros del ambiente hasta conseguir la firma para las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos mineros.”

El investigador es consciente de lo difícil que es decirle no a la minería dado el crecimiento del precio de los metales. Sin embargo, se pregunta ¿cuáles son las opciones? Frente al daño inminente que acarrea la actividad minera los gobiernos deben mantener una ética ambiental, dice Gudynas: “El extractivismo de hoy es depredador, tiene un alto impacto social y ambiental. Es un extrativismo violento con muerte de personas y daños graves al ambiente. El rol de las políticas públicas es cada vez más complicado y necesita una reflexión desde lo social”.

Este alto grado de conflictividad se ven reflejados en las cifras del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) que reporta 165 conflictos localizados en la región. Perú encabeza la lista con 28, le siguen Argentina y Chile con 25, Brasil con 21, Colombia con 16 y al menos 40 noticias sobre conflictos mineros son reportadas semanalmente en el sitio web del observatorio http://www.conflictosmineros.net/home.

El chileno, César Padilla, coordinador de la OCMAL, dice que el periodo de tolerancia frente a la minería en los países de la región ha terminado. “Hubo un periodo de tolerancia pero la tendencia es que cada nuevo proyecto minero vaya acompañado de un conflicto en el corto plazo. Es que todo ese discurso de que la minería es sinónimo de desarrollo, que es dinero, que respeta a las comunidades, resultó falsa. Ya nadie le cree a las empresas mineras: ‘que les vamos a vaciar las lagunas y les vamos a construir otras’ –dice Padilla refiriéndose a la minera Yanacocha. Es difícil de creer. Por más esfuerzos que hagan sus departamentos de responsabilidad social, por más nuevas certificaciones que busquen las mineras, ya nadie les cree… Ahora las mineras están buscando la certificación de minería sin conflictos”, dice Padilla.

América Latina se ha convertido en la región más importante del mundo para atraer inversiones en minería, la cifra record con miras al 2020 es de US$ 320,000 millones de dólares, este monto previsto es el más importante y significativo que haya registrado algún sector económico en Latinoamérica. Estas proyecciones económicas no vienen acompañados de una mirada global, como el territorial, ambiental y social.

Perú proyecta US$ 60, 000 millones y en Chile, US$ 100, 000 millones. Esta cifra es veinte veces más de lo que se ha invertido en una década. ¿Cuántos Conga, cuántos Pascua Lama (proyecto de la minera Barrick Gold de fuerte oposición en Chile) nos espera? Nos espera una conflictividad multiplicada por veinte. ¿Cómo actuarán los Estado? ¿Con más estigmatizaciones, uso desmedido de fuerza, más muertes?”, se pregunta Padilla.

La llegada de estos flujos de inversión a América Latina se viene dando en un escenario sustantivamente distinto al de décadas pasadas señala José de Echave, investigador de CooperAcción y ex viceministro del Ambiente. Una tendencia a tomar en cuenta en relación con la minería es la multiplicación de los conflictos sociales y como han girado, en los años 80 y 90 en los países con mayor presencia minera los principales actores del conflicto eran los sindicatos de trabajadores. Es evidente que en los últimos quince años, los conflictos tienen como protagonistas a las empresas mineras y a las comunidades de las zonas de influencia. “Hoy, los conflictos no solo son de resistencia sino que cuestionan las políticas públicas que están detrás de la minería”, dice De Echave.

Conflicto Conga

Hasta hoy, mil ronderos custodian las lagunas de la zona de influencia del proyecto Conga, de minera Yanacocha, en Cajamarca. Después de 20 años de megaminería en la región, Marco Arana subraya la transformación territorial, económica y social que minería está generando en la zona. “La desgracia de Cajamarca -dice Arana- es que las concesiones mineras se ubiquen sobre los páramos, zona de importancia hídrica de la región y que conforman un 23.60% del territorio”. Hay que resaltar que además del proyecto Conga, otras seis concesiones mineras: La Zanja, Tantahuatay, Shahuindo, Michiquillay, Galeno y Cerro Corona, amenazan los páramos.

Arana dijo que las muertes de Conga pudieron evitarse pues desde el 2004, diversas organizaciones sociales de la región manifestaron su desacuerdo con el proyecto ante las autoridades sin recibir respuesta. Al 2011, luego de que la municipalidad regional mediante la Ordenanza 036 declarara inviable Conga, el conflicto estalló con los resultados lamentables este año. El proyecto Yanacocha que está a 14 kilómetros de la ciudad, pone en riesgo 34 hectáreas de lagunas, 260 hectáreas de bofedales, 17 mil has de pajonales, 682 manantiales. Generará una gran afectación del ecosistema hídrico y zonas de recarga del sistema hídrico subterráneo de la región.

“No hay que olvidar que Cajamarca es el tercer productor de lácteos, el primer productor de lenteja y arveja del país, que el 68% es rural y se dedica a la actividad agropecuaria. No es un departamento eminentemente minero, a pesar de la cantidad de concesiones”, finaliza Arana.

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