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Guatemala

Ejecutivo busca abrir diálogo entre la sociedad civil y la industria para reformar la ley

Jueves 11 de Julio de 2013.- Unos 62 proyectos en trámite a fin de obtener licencias para exploración y explotación de minerales quedarían suspendidos si el Congreso aprueba la moratoria de dos años, solicitada por el Ejecutivo, para promover la discusión de una reforma a la Ley de Minería, que data de 1994.

Se trata de 48 expedientes para exploración y 14 para explotación que se encuentran en estudio, además de 300 solicitudes para exploración que no se ha determinado si cumplen con los requisitos,  informó Ivanova Acheta, viceministra de Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Energía y Minas.

Las cifras difieren con las dadas ayer por el presidente, Otto Pérez Molina, quien aseguró que son 49 solicitudes para explotación en análisis y 337 expedientes “encaminados” para otorgar licencias.

El secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, presentó ayer por la tarde, en el Legislativo, la iniciativa que pretende suspender de forma provisional la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos.

“La intención del Ejecutivo es abrir un proceso de diálogo para que todos los actores involucrados (sociedad civil e industria) se pronuncien al respecto y lograr una reforma a la ley”, explicó el funcionario (lea: once iniciativas para reformar la ley).

Según Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, la moratoria es contraproducente, ya que pone en riesgo la certeza jurídica y económica del país.  “Habría un impacto negativo en las operaciones que están en plaza y afecta la industria existente”, afirma, aunque califica de positiva la convocatoria al diálogo.

Sectores políticos y sociales calificaron como “cortina de humo” la iniciativa, pero también consideran que la moratoria podría reducir la conflictividad social.

“Es ridícula la actitud del Presidente, porque la moratoria la hemos solicitado nosotros y varios sectores sociales”, afirma Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Algunos jefes de bloque coincidieron en que se trata de una  “bomba mediática” que busca desviar la atención al Congreso, mientras el Gobierno  realiza compras por excepción.

“Lo que  pretenden es tapar y esconder los errores de malas acciones cuando deberían asumir  la responsabilidad”, afirmó Jorge Mario Barrios Falla, del bloque Todos.

Yuri Melini,  del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (Calas), y Marco Vinicio Cerezo, de la  Fundación para el Desarrollo y Conservación, manifestaron que la moratoria debió tomarse antes  o suspender las licencias vigentes, debido a que esas son las que han generando el rechazo de las comunidades.

“Hay que analizar el contexto, porque a simple vista deja ver un trasfondo político; sin embargo, que podría apaciguar la conflictividad”, -afirmó Melini.

Así lo dijo
Noticias Sigloxxi Guatemala
“Es una cortina de humo para tapar los errores y esconder las malas ­acciones”.
— Jorge Mario Barrios Falla Todos
“Hay que analizar el contexto en el que se está dando la moratoria porque a simple vista deja ver un trasfondo político”.
— Yury Melini Calas
“Habría un impacto negativo en las operaciones que están en plaza y afecta la industria existente”.
— Mario Marroquín Gremial de Industrias Extractivas
“La moratoria podría disminuir la conflictividad social que se ha generado por las recientes otorgamiento de licencias mineras”.
— Carmen Aída Ibarra movimiento Pro justicia


Lo que dice la propuesta
La propuesta de ley que envió el Ejecutivo al Congreso para que el país cuente con regulaciones ambientales, sociales y financieras para un desarrollo armónico consta de cuatro artículos.

El primero se refiere a la suspensión de dos años de la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos.

Se prevé, además, que durante su vigencia el Ministerio de Energía y Minas se abstenga de otorgar en cualquier forma los permisos referidos.
El segundo artículo aborda una prohibición de prórroga de las licencias vigentes, dentro del plazo que promueve la iniciativa (2 años) y anuncia que se pueden retomar al vencer el decreto (lea:Industrias -autorizdas).
El tercer artículo señala que si el Legislativo aprueba una reforma a la Ley de Minería, Decreto nùmero 48-97, o bien apruebe una nueva norma la moratoria quedaría sin efecto.

El último inciso propone que la moratoria cobre vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial.

Industrias autorizadas
En Guatemala, cuatro industrias mineras tienen autorización para operar del Ministerio  de Energía y Minas, de las cuales tres fueron aprobadas por la administración del presidente Otto Pérez Molina y una más, durante el gobierno de Óscar Berger, 2004-2008.

• Montana Exploradora de Guatemala, S.A  y Mina Marlin

Se ubica en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos

• Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) que opera el proyecto Niquegua Montúfar,  se ubica en Los Amates, Izabal,  tiene permiso para extraer níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio por 25 años.

• Mina San Rafael, que opera el proyecto El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Su principal extracción será plata, tiene autorización por 25 años.

• Maya Níquel, S.A, opera en El Estor, Izabal.

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