Justicia guatemalteca suspende licencia de explotación de minera canadiense

Guatemala

Miércoles 24 de Julio de 2013.- Una Sala de Apelaciones de Guatemala ordenó hoy suspender la licencia de explotación a una mina de plata ubicada en el este del país, concedida por el Gobierno a la empresa canadiense Tahoe Resources Inc., a petición de los habitantes de las comunidades cercanas.

Ello implica que el proyecto El Escobal, de la mina de plata San Rafael, el cual arrancaría en agosto próximo con la explotación del metal precioso "no podrá iniciarse", y el proceso de solicitud de concesión de una nueva licencia deberá arrancar de cero.

La Sala Primera de Apelaciones amparó en forma definitiva a Kelvin Jiménez, uno de los líderes de la comunidad indígena xinca, que se opone a la explotación minera en las poblaciones de San Rafael Las Flores, Nueva Santa Rosa y Casillas, del departamento de Santa Rosa, al este del país.

Jiménez, quien fue asesorado en el proceso judicial por el no gubernamental Centro de Acción Legal y Ambiental Calas (Calas), solicitó el amparo en contra del Ministerio de Energía y Minas debido a que la Dirección General de Minería de esa cartera, encargada de conceder las licencias de explotación, no tomó en cuenta la oposición de los pobladores al funcionamiento de la mina.

Yuri Melini, director del Calas, dijo en una conferencia de prensa que el fallo emitido por la Sala de Apelaciones obliga a la "suspensión inmediata de la licencia" de explotación otorgada por el Gobierno a la mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Rosources.

Ello implica que el proyecto El Escobal, de la mina de plata San Rafael, el cual arrancaría en agosto próximo con la explotación del metal precioso "no podrá iniciarse", y el proceso de solicitud de concesión de una nueva licencia deberá arrancar de cero.

El pasado 9 de julio el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció una moratoria en la concesión de nuevas licencias de exploración y explotación minera de metales durante los dos próximos años, medida que deberá ser ratificada por el Congreso.

Funcionarios de la mina se limitaron a decir a los periodistas que "analizarán" el fallo judicial.

En mayo pasado el Gobierno decretó un estado de sitio en los cuatro municipios ubicados en los alrededores de San Rafael para controlar la violencia desatada en esa región por las protestas relacionadas con las operaciones de una mina.

Decenas de comunidades guatemaltecas se oponen a la explotación minera en sus territorios por la supuesta contaminación al medio ambiente y los recursos naturales por la operación de las mismas.

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