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Miércoles 07 de Agosto de 2013.- El minero Mario Sepúlveda fue quien operó la cámara de video con que “los 33” se contactaban con la superficie, en los más de dos meses que los hombres permanecieron atrapados al interior de la mina San José, en la III Región, en 2010.
Su testimonio, al igual que el de otros seis mineros, no fue entregado en la investigación que realizó el Ministerio Público en la búsqueda de responsabilidades penales, y que terminó con una decisión sin perseverar, es decir, sin acusados.
Con este antecedente, el abogado de Sepúlveda, Maximiliano Delgado, pedirá a la fiscalía de Atacama reabrir la investigación. “Para nosotros es bastante complicada la situación (del cierre de la investigación). Hay antecedentes que a nuestro juicio la fiscalía no ha tomado en cuenta. En primer lugar la declaración de mi representado, quien tiene antecedentes para aportar en cuanto a las omisiones y falencias que presentaba esa faena y que eventualmente puede haber influido en este accidente”.
El abogado dijo también que “las situaciones fueron previas a esto, fueron comunicadas a su jefatura y la empresa y eso, aparentemente, la fiscalía lo ignora”. Agregó “estamos recopilando antecedentes y durante la próxima semana estaremos en condiciones de solicitar esta reapertura. Vamos a hacer la solicitud respectiva”. El jefe de turno Luis Urzúa dijo que “vamos a buscar las vías para lograr (que se reabra la causa)”. Indicó que “me parece inaudito que no hayan declarado todos los mineros. Además, el fiscal dice que hizo todas las averiguaciones correspondientes. A mí me preguntó sólo una vez y estaba bajo pastillas, solo, sin abogado. A mí me tendría que llamar de nuevo”. Por su parte, el minero Carlos Barrios indicó que “se conversará (con los abogados) para ver qué hacer. Creo que se puede reabrir, haber más testigos”.
La Fiscalía de Atacama explicó ayer que se tomó declaración a 26 de los mineros y que “fueron concordantes en lo referido al momento previo al accidente y sus acciones una vez ocurrido el derrumbe”.
Agregaron que “los siete trabajadores restantes fueron citados a declarar en dos oportunidades, siendo la segunda de ellas a casi 10 meses del rescate, ocasión en que al menos uno de ellos argumentó temas médicos para justificar la no concurrencia”. Finalmente señalaron que “la Fiscalía de Atacama tuvo como prioridad la toma de declaración de los trabajadores que sufrieron el accidente en la mina San José. Por ello, la gran mayoría de ellos entregó su declaración en la capital de Atacama una vez ocurrido el rescate” y que incluso, en otros casos, la diligencia se realizó en sus lugares de residencia para evitar traslados a Copiapó.
OPINIONES DE EXPERTOS
El abogado penalista Julián López sostuvo que no necesariamente se configura un problema por parte del Ministerio Público no haber interrogado a los 33 mineros. “No es un defecto, en la medida que el fiscal, con los demás antecedentes, incluyendo el testimonios de las víctimas, se haya formado una convicción acerca del rumbo que debía tener la investigación”, manifestó.
En tanto, el abogado Juan Domingo Acosta dijo que “en un tema tan delicado, tan importante, el fiscal debió haber hecho todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Probablemente la determinación de cerrar la causa la adoptó con el conocimiento del fiscal regional, previa consulta. Me imagino que se respetaron todos los pasos que se establecen”.
LTOL
