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Chile

En la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Sergio Muñoz, se realizaron este lunes los alegatos por la apelación de las comunidades diaguitas del Valle del Huasco al fallo que paralizó la iniciativa.

Martes 27 de Agosto de 2013.- En la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Sergio Muñoz, se realizaron este lunes los alegatos por la apelación de las comunidades diaguitas del Valle del Huasco al fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que a mediados de julio resolvió mantener la paralización del proyecto hasta que éste no cumpla con las medidas comprometidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En la ocasión los abogados representantes de las comunidades, Lorenzo Soto e Inti Salamanca, solicitaron la revocación de la RCA y que la empresa presente un nuevo estudio de impacto ambiental.

Al respecto Soto explicó que "esta parte fue muy concreta y precisa en pedir que se confirme la paralización, lo que se nos ha otorgado, pero que además se vaya un poco más allá. Es decir, que se revalúe el proyecto en todo aquello que se ha excedido del permiso ambiental".

El abogado sostuvo que "hay obras que se han construidos y que no están autorizadas, como el sistema de manejo de aguas, como canales de conducción de descargas, que la empresa Barrick ejecutó por vías de hecho, y esas obras no están dentro de la RCA. Lo que estamos pidiendo ahora es que junto con revisar ambientalmente el proyecto en lo incumplido, se haga una nueva evaluación en todo aquello ejecutado que está fuera del permiso ambiental".

En tanto Salamanca sostuvo que "consideramos que se debe aplicar el Convenio 169 de la OIT, por cuanto en el año 2006 no hubo consulta alguna a los pueblos originarios diaguitas en la zona, por tanto lo que procede ahora es la revisión total del proyecto, recalificarlo, porque los impactos ambientales que se dan en el lugar ya fueron constatados por la Corte de Apelaciones de Copiapó y estimamos que en esas condiciones el proyecto es inviable por la contaminación subterránea que le provocará a los afluentes de río Huasco".

En tanto el abogado representante de Barrick, José Antonio Urrutia, pidió que se mantenga el fallo de la Corte de Copiapó.

Explicó que ello "no es porque sea un fallo que le conviene a la empresa, porque es un fallo que ordena la paralización del proyecto y confirma un poco lo que nos sancionó la SMA, pero la empresa ha reconocido que ha cometido infracciones a la RCA y por lo tanto creemos que ese fallo está ajustado a derecho".

Agregó que "como empresa esperamos ahora hacer las cosas bien, estamos cumpliendo con todo lo que dice la autoridad y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que este proyecto se haga con pleno cumplimiento y apego a la legislación vigente, a las resoluciones administrativas y a lo que disponga la autoridad y las comunidades vecinas".

En tanto el abogado del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Edesio Carrasco también pidió que se mantenga el fallo.

A mediados de julio la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección interpuesto en septiembre por las comunidades manteniendo la paralización del proyecto.

En abril dicho tribunal ordenó paralizar completamente las obras de la iniciativa tras acoger la orden de no innovar interpuesta por el abogado de las comunidades, Lorenzo Soto.

Las comunidades acusan que la firma está afectando el derecho a la vida debido a que ha perjudicado los glaciares el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y contaminado los recursos hídricos de la zona.

La resolución de la Corte de Copiapó estuvo en línea con la sanción aplicada por la Superintendencia de Medio Ambientem (SMA), que el 24 de mayo aplicó una multa de unos $8 mil millones a Barrick y paralizó las obras de la iniciativa hasta que la empresa no ejecute el sistema de manejo de aguas en la forma prevista en su RCA.

Barrick señaló recientemente que planea culminar el total de obras de manejo de agua en Pascua Lama hacia diciembre de 2014, y que el retraso en la construcción del proyecto implicará un aumento en los costos, aunque no detalló a cuanto podrían elevarse.

Barrick ya había incrementado la proyección de costos dos veces el año pasado, hasta un máximo de US$8.500 millones.

LTOL

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