ICMM y McKinsey, Retos para la minería peruana

Perú

Miércoles 25 de Septiembre de 2013.- PERUMIN 2013 ha sido todo un éxito. No sólo se han tenido más stands y visitantes que en otras ocasiones, sino que se ha marcado una reconciliación entre el sector minero y el gobierno: presencia masiva de ministros y jefes de OPD, “visita sorpresa” del Presidente Humala, que ya se había reunido en Lima con varios CEO de las trasnacionales más importantes (Newmont, Freeport-McMoRan y Gold Fields).

Frente a los grandes anuncios de inversiones, hay retos en el marco institucional peruano donde este gobierno debe actuar. Hemos descendido del puesto 8 de 71 (informe 2008/09) al 38 de 96 (20012/13) en el ranking del Instituto Fraser (referente mundial sobre minería) por las siguientes razones (Informe Consultora McKinsey):

1) Se ha generado incertidumbre por el cambio de reglas reciente (léase Consulta Previa, creación de SENACE y amenaza de normas sobre Ordenamiento Territorial y Zonificación Económico Ecológica-responsabilidad de un MINAM ambicioso de figuración y poder) que incrementarán los procesos administrativos y los tiempos de demora en un 30-50%.

2) Proceso de aprobación de permisos/autorizaciones es confuso, tedioso y con demasiadas entidades gubernamentales involucradas.

3) Hay incertidumbre ante el imperio de la ley. Una empresa puede tener todos los documentos/requisitos cumplidos pero finalmente no se ejecuta el proyecto (Casos Santa Ana Bear Creek en Puno; Conga Yanacocha en Cajamarca), el Estado no desaloja concesiones invadidas por ilegales (Caso Las Bambas Glencore en Apurímac) o no se enfrenta a la minería ilegal/informal.

4) Tanto las empresas como el gobierno central se demoran en adaptarse al proceso de descentralización política y económica del país: las operaciones se realizan fuera de Lima, pero sus oficinas están en la capital; no se ha creado una gerencia pública a nivel sub nacional.

Frente a estos problemas, el documento “Minería responsable en el Perú: alianza para el desarrollo” (ICMM agosto 2013- exige trabajo conjunto entre todos los niveles de gobierno, las empresas y la sociedad), nos da algunas respuestas:

1) Determinar un set de objetivos de política pública sobre la provisión de bienes públicos (agua, desagüe, luz, educación, salud, etc.) y buscar la forma más eficiente de conseguirlos.

2) Compartir este set de objetivos de política pública con los organismos multilaterales de desarrollo y la cooperación internacional (incluyendo a las ONG), no sólo para concentrar los esfuerzos financieros y técnicos, sino también para que igualen la participación de las empresas en este esfuerzo.

3) Construir sobre la base de la experiencia del Apoyo Voluntario -donde ya se tiene la experiencia de interrelaciones de diversos actores- (anulado por este gobierno al crear el gravamen minero), esfuerzos para la reducción de la pobreza, incidiendo en planeamiento regional/local, educación y desarrollo de capacidades y administración y gerencia de recursos públicos a nivel sub nacional.

Se necesita institucionalizar procesos eficientes y asegurar la gobernanza para generar el marco de referencia en que operan las empresas. Ello requiere decisión, liderazgo, visión de conjunto -sabiendo identificar casos particulares-, transparencia de acceso a la información y logros medibles. ¿Ollanta está a la altura del desafío?

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