OEFA expone medidas de fiscalización de mercurio ante el Congreso de la República

Perú

Viernes 22 de Noviembre de 2013.- El presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Hugo Gómez Apac, explicó las medidas adoptas por su institución con relación al mercurio en las actividades mineras ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

Gómez Apac precisó que dentro de las competencias del OEFA, se encuentran el fiscalizar a la gran y mediana minería y que es competencia de los gobiernos regionales el fiscalizar a la minería artesanal y la pequeña minería.

Explicó que en los procesos productivos de la mediana y gran minería no se emplea el mercurio para la obtención del oro; sin embargo, podría ser un producto residual del proceso productivo. Estas empresas tienen la obligación de realizar un adecuado transporte, carga, almacenamiento, control y manipuleo de los minerales residuales del proceso productivo, entre ellos el mercurio.

Agregó además que, a diferencia de lo anterior, el mercurio sí es utilizado para la obtención de oro en el caso de la minería artesanal y la pequeña minería, estrato que debe ser fiscalizado por los gobiernos regionales. “Lamentablemente, no todos los gobiernos regionales están efectuando una fiscalización ambiental efectiva”, dijo.

Como hizo saber el OEFA a INFOREGIÓN, tratándose de la gran y mediana minería, entre los años 2010 y 2013 esta entidad ha aplicado sanciones en 16 casos por el manejo y almacenamiento inadecuado de residuos sólidos peligrosos.

El presidente del organismo informó sobre el conocido caso de ciudadanos chinos realizando actividades ilegales de minería en el país. Sobre el particular, dijo que se han iniciado procedimientos sancionadores contra un ciudadano chino por ejercer actividades catalogadas como de mediana minería sin contar con instrumento de gestión ambiental.

Bajo esta perspectiva se han iniciado procedimientos sancionadores contra este personaje y todas las personas que forman parte de su grupo económico. Las multas para estos casos pueden llegar hasta 10 mil UIT, según la normativa aplicable de fiscalización

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