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Chile

La titular de Minería de Chile reconoció que el fallo decretado por el Juzgado de los Vilos es complejo de llevar a cabo, en tanto conlleva un conjunto de precauciones en materia de seguridad.

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Miércoles 11 de Marzo de 2015.- La aplicación práctica de la resolución contra Minera Los Pelambres es “técnicamente difícil y conlleva un conjunto de elementos relacionados con la seguridad, tanto de las personas, como de la infraestructura”, aseguró este martes la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, respecto del fallo del Juzgado de los Vilos que indica ordena demoler el tranque El Mauro, en la provincia del Choapa. Pero, enfatizó la secrtaria de estado, “si se mantiene el fallo, lo que debería ocurrir es que éste se acate, ya que es la institucionalidad que como país hemos adoptado”.

Williams también hizo un llamado al diálogo y enfatizó que “creemos que antes de llegar a una situación de esta naturaleza, hay un camino que se debe recorrer. Sabemos que la mesa está quebrada,  pero para nosotros es sumamente relevante primero restablecer el diálogo y lograr un consenso beneficioso para ambas partes”.

“Aquí la minera fue realizando los trámites que corresponden, pero la participación de las comunidades ha asumido una connotación más importante. Tenemos un accionar que se debe llevar adelante desde las primeras etapas de la puesta en marcha de una faena minera, y que en la práctica podría evitar estos conflictos”, dijo la ministra; y agregó que el ministerio espera que este tipo de conflictos se resuelvan por otras instancias y no por la vía judicial, "donde se generan espacios complejos".

Reacciones desde el mundo empresarial

Este martes el presidente de la Conferedación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, criticó el fallo del juez de Los Vilos y calificó como una aberración la decisión "la verdad que esta aberración de decir que hay que derribar el tranque. ¿Alguien se imagina lo que es derribar el tranque y el daño ecológico y a todo el mundo que afecta?. Creo que estamos en presencia de algo insólito por decir lo menos".

A lo que agregó su preocupación, "este es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente, la verdad es que la empresa tiene todas las resoluciones ambientales, tiene todas las aprobaciones, ha cumplido en forma estricta con la legislación".

También respaldó su malestar, Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que señaló "respetamos el fallo, pero no lo compartimos".

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, cuestinó la orden y señaló "respetamos la autonomía del poder judicial, pero no compartimos el criterio utilizado".

El timonel de la Sofofa añadió “el fallo deteriora la institucionalidad ambiental, ya que le quita toda validez y resguardo a los permisos que ésta otorga para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos. No puede haber progreso y desarrollo si no existe la certeza jurídica mínima para operar”.
 
Por último, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, indicó que "si el fallo se confirma, incertidumbre será mayor".

La Asociación de Proveedores de la Minería de Chile (Aprimin), a través de un comunicado de prensa señaló este miércoles que "Aprimin es respetuosa de las decisiones de los tribunales de justicia, así como de las autoridades regulatorias. Sin perjuicio de ello, y sin intención de pronunicarse respecto de los méritos de la decisión del juez de Los Vilos, nuestra asociación manifiesta su exprema preocupación por dictámenes de esta naturaleza, que desde nuestra perspectiva no contribuyen a resolver las diferencias entre las partes, y agravan  un clima en general adverso a la industria minera chilena en distintos frentes, desconociendo el significativo aporte que esta industria realiza al país".

A lo que agregó "entendemos y promovemos que las comunidades sean consideradas en todos los proyectos, resguardando sus legítimos derechos, y que también ellas reciban beneficios de proyectos de envergadura que impacten su entorno; nuestra percepción es que el dictámen dado por el juez no presenta ninguna solución efectiva al problema planteado, además de no ser técnicamente factible". 

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