Home 
Español
简体中文
Nederlands
English
Français
Deutsch
Italiano
Português
Русский
Chile
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto tras debatir tres asuntos que implican gasto fiscal.
Jueves 11 de Junio de 2015.- Un proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno chileno pasó a la Cámara de Diputados, que a partir de la próxima semana se abocará a su discusión en sala plena.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto tras debatir tres asuntos que implican gasto fiscal: la remuneración del arbitraje, la creación de un fondo de formación sindical, y los incentivos a la negociación voluntaria de confederaciones y federaciones, informó esa instancia legislativa.
Se espera que la iniciativa arribe al Senado en la primera semana de julio.
En el punto sobre la remuneración de los árbitros, el pago será definido anualmente por un arancel fijado por la Dirección del Trabajo, que será de cargo fiscal, salvo que el procedimiento arbitral incluya a una gran empresa (sobre 200 trabajadores), en cuyo caso será de costo de la empresa. El contrato de prestación de servicios a honorarios y el pago a los árbitros será realizado por la Dirección del Trabajo.
La creación del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas será administrado por el Ministerio del Trabajo y reemplaza al actual programa Escuela de Formación Sindical.
El fondo estará constituido por los aportes de la Ley de Presupuestos; las multas pagadas por prácticas desleales y antisindicales y las donaciones y herencias que se acepten, las cuales están exentas de impuestos, gravamen o pago que les afecten; y los aportes que se reciban por vía de cooperación internacional a cualquier título.
La comisión también aprobó con 7 votos y 6 abstenciones las normas que establecen incentivos a la negociación colectiva. Estas normas darán prioridad en la contratación de contratos administrativos y de prestación de servicios para el sector público a aquellas empresas que mantengan vigentes convenios colectivos con las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores o que le hagan aplicables a éstos convenios colectivos acordados por otros empleadores u organizaciones gremiales de empleadores (negociación voluntaria de confederaciones y federaciones).
Además se incluye la ejecución de acciones de capacitación destinada a trabajadores de empresas de menor tamaño que mantengan vigentes o apliquen convenios colectivos a sus trabajadores, a través del Fondo Nacional de Capacitación.
El diputado Patricio Melero (UDI), quien se abstuvo, dijo que prefiere que todo funcione sin incentivos porque considera que ese tipo de mecanismos desprotege el derecho "de los grupos no organizados o, en ausencia de sindicatos, de los grupos negociadores que no tienen incentivo alguno".
La comisión aprobó en forma unánime el artículo que dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, en su primer año de vigencia, será de cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y el Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que anualmente contemple la ley de Presupuestos.
