lunes 17 de mayo del 2021.- Fuerte regulación y alta demanda por commodities es el escenario más probable que espera a la industria minera en las próximas décadas, según «Future of Mining 2040» de EY, que plantea cuatro proyecciones dependiendo de la oferta, la demanda, los precios y el potencial impacto de la regulación.

Estos datos se dieron a conocer en el evento de EY y Cesco «El futuro de la minería: proyecciones y escenarios a 2040». La conversación giró en torno a los desafíos del sector a largo plazo como el desarrollo tecnológico y asuntos sociales, ambientales y gobernanza, sin dejar de lado la coyuntura como el debate que ha generado la confección de una nueva constitución y el royalty.

Juan Carlos Jobet, biministro de Minería y Energía, enfatizó que el proceso constituyente no se puede concebir para las mineras como algo sólo técnico y legal para definir la nueva carta magna y que este sector debe ser un actor importante en el debate, destacando su propósito en la sociedad: «No basta con tener buenos abogados constitucionalistas, es importante que la población entienda por qué necesitamos más y mejor minería».

En relación con el royalty, Jobet mostró sus aprensiones por el proyecto y sus efectos: «El tono que ha tomado esta discusión es preocupante y es fruto de actores políticos en el Congreso que no han hecho el análisis técnico que lo sustente, y también es consecuencia de que otros actores más moderados que no han sido capaces de levantar la voz y detener proyectos que pueden generar más problemas que beneficios para el país».

Además, indicó que «esto refleja la desconexión entre la población y la minería. Cuando uno mira su tamaño: 50% de las exportaciones, 10% del PIB y más 800 mil empleos directos e indirectos, se da cuenta de la desconexión de esta magnitud y el poco conocimiento y cercanía de la sociedad con este sector. Si la industria minera no es capaz de cerrar esta brecha, va a estar en una posición muy frágil de cara a este proceso político y social que viviremos en los próximos años».

En esta misma línea, Eduardo Valente, socio líder de Minería y Energía de EY, comentó que esta industria genera aportes para el país que muchas veces no son conocidos: «Hay que dividir la discusión en dos ámbitos: el de contribución que hace la industria minera en Chile y el de la tributación. Para mí claramente hoy la industria minera contribuye en el país en tamaños que quizás no nos damos cuenta (…). Por otra parte, ya existe hoy tributación específica entre 5% y el 14% de las utilidades de la industria minera. En el proyecto (actual) no hay un estudio detallado del impacto, faltan antecedentes, faltan detalles de cómo va a afectar a la industria, y es un proyecto que puede tener un impacto de hasta 30 años en la industria».

En tanto, Alejandra Wood, directora ejecutiva del Cesco, expresó sobre el impuesto que «estamos en el momento preciso para la conversación sobre el futuro de la minería en Chile. Conocer cuáles son los aspectos claves que moldearán el negocio, como por ejemplo la escasez de recursos o las dificultades para acceder a capital, son variables necesarias para la discusión en torno al royalty minero».

De acuerdo con el presidente de BHP Minerals Americas, Ragnar Udd, el proyecto puede generar consecuencias para el sector y el país: «Desde una perspectiva holística, las mineras desempeñan un papel en la sociedad. En Chile hay una voz que dice queremos ver cambios a nivel constitucional, y entiendo que estamos ante una pandemia con cuentas altas asociadas y gran impacto en la población, y tenemos a un commodity a que le va bien, y es natural que las personas quieran una porción mayor de la torta. No obstante, hay que considerar que nosotros invertimos a largo plazo, en 50 y 100 años, y tenemos proyectos que no son rentables en más de una década. Me gustaría un debate democrático en este tema y sin éste habrá consecuencias no intencionales para la industria y la economía», sentenció.