A inicios de mayo, la Cámara de Diputados aprobó y despachó la iniciativa, cuyo debate ahora está instalado en la comisión de Minería y Energía del Senado, y que busca establecer un impuesto por la explotación de minerales en el país, equivalente al menos al 3% del precio de los recursos extraídos, tasa que subiría a medida que los precios crezcan.

Según estimaciones del Gobierno, y de acuerdo con el elevado precio con el que cotiza actualmente el cobre, el royalty en los términos en que fue aprobado por la Cámara elevaría la carga tributaria total para las empresas cupríferas de alrededor de un 40% a cerca de un 80%, lo que sería prácticamente el doble de la carga impositiva que las compañías deben pagar en países con los que Chile compite.

Desde el Gobierno, Chile Vamos y la industria minera local se han opuesto al proyecto con el argumento de que sería inconstitucional y que socavaría las inversiones en el sector.

Con todo, Jobet abrió la puerta a al menos un aumento tributario para las empresas mineras, diciendo a Bloomberg Televisión que sería razonable que la carga se ubicara cerca de lo que cobran otros productores importantes, de hasta 45%.

En ese sentido, comentó que «la mayoría de los senadores comprenden que el acuerdo aprobado en la Cámara Baja no es un buen negocio y estamos bastante seguros de que podremos llegar a un acuerdo razonable».

Eso sería «ver si hay espacio para incrementar los ingresos que la industria minera aporta al país y, si ese espacio existe, acordar una reforma tributaria que sea razonable y que deje a Chile dentro del rango de otros países productores de cobre y que tienen grandes reservas».