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Chile

El vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jaime Pérez de Arce, no "tira la toalla" sobre la idea de postergar los plazos fijados para el nuevo estándar en materia de emisiones; a cambio de elevarlos más.

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Miércoles 21 de Octubre de 2015.- ¿Qué va a pasar en 2018? Es la pregunta que más inquieta al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Jaime Pérez de Arce, respecto de la nueva normativa sobre el control de emisiones desde las fundiciones del país. "Si estas normas se revisan cada cinco años, que sería lo razonable, el país se debería plantear un objetivo más ambicioso", señala en una entrevista publicada hoy por Pulso, con la que vuelve a poner sobre la mesa un debate que desde el Ejecutivo, hasta ahora, parecen haber zanjado con una negativa.

Varias voces se han levantado en favor de la idea de aumentar las exigencias y modificar los plazos. En concreto, la propuesta es que se pueda aumentar a 99% la captura de las emisiones contaminantes, pero prorrogando algunos años el plazo fatal que tiene la industria (2018) para asimilar la exigencia actual de 95% en sus respectivas instalaciones.

En la entrevista con Pulso, Pérez de Arce explica que si efectivamente después que invertir los cerca de USD 400 millones que requiere la Modernización de la Fundición Hernán Videla Lira (Paipote) para poder responder a la actual normativa, se establece una nueva exigencia en el corto plazo, "le va a salir muchísimo más oneroso al país que ponernos a trabajar hoy día por el 99%".

"Dar ese salto de 95% a 98%, con esa misma tecnología, nuevas modificaciones, es prácticamente imposible", aseguró el ejecutivo. Y agregó que "si esto es así", si finalmente se termina por definir nuevos estándares en una segunda etapa en el corto plazo, el país estará haciendo un "muy mal negocio". En la conversación con el medio económico el vicepresidente ejecutivo de la empresa estatal remarcó que el mencionado proyecto "lo financia Enami con sus propios recursos, contrayendo deuda" y, por lo mismo, "nos e puede hacer una inversión que no sea rentable.

"Nuestro caso es distinto al de Codelco. Codelco tiene fundiciones integrada en un proyecto minero, por lo tanto el valor está en la mina y no en la fundición y por eso puede tener un negocio que es rentable, en medio del cual hay una fundición que no lo es. Nosotros tenemos la obligación de ser rentables en las fundiciones porque es nuestro negocio principal", dijo Pérez de Arce a Pulso. "Es un volumen de recursos bien importante el que estamos hablando y por lo mismo tenemos que ser muy responsables de que produzcan el resultado que esperamos en lo económico y lo ambiental", dijo.

Para el timonel de la entidad, en todo caso, no hay problema con que el gobierno haya cerrado la puerta por ahora a una modificación en este sentido: en el gobierno "están cumpliendo su tarea". "Los fundidores no solo debemos plantear el problema, que lo hemos hecho, sino señalar cuales son las alternativas, si es viable y razonable construir una política de Estado, si es una buena idea para el país".

Según datos emanados de Cochilco, los montos que requiere invertir la industria en las fundiciones que hoy operan en el país bordean los USD 2.500 millones, solo para respetar la norma actual.

Buena parte de esos montos corresponden a empresas de propiedad del Estado: además de los USD 400 millones para la modernización de Paipote, Codelco tendría contemplada una inversión de más de USD 1.500 millones para las adecuaciones que requieren VentanasPotrerillos (El Salvador) y Chuquicamata; aunque estos recursos son los que tendrían hoy un mayor grado de incertidumbre en especial con la incertidumbre que se ha generado sobre como fluirán los dineros para su capitalización. También Anglo American y Glencore operan fundiciones que requieren inversiones.

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