Chile

Los contratos que la minera no metálica vinculada a Julio Ponce Lerou mantiene con Corfo y que le permiten explotar el lugar, tienen como fecha de término el 2030.

Lunes 09 de Enero de 2017.- Una posición privilegiada y sin sobresaltos a la hora de las decisiones políticas e institucionales que pudieran afectarla, habría logrado por años SQM financiando irregularmente a distintos parlamentarios, ministros, asesores, partidos y un sinfín de actores que, de una u otra forma, podían influir en el negocio de la minera no metálica liderada por Julio Ponce Lerou. Al menos así se desprende de las investigaciones del Ministerio Público que han ido develando una red de poder e influencia alimentada por la compañía que por años mantuvo un bajo perfil.

Todo cambió cuando se destaparon distintas hebras del escándalo de las platas políticas.

Poco antes de eso, y durante el Gobierno de Sebastián Piñera, SQM había empezado a ser cuestionada por el caso Cascadas y también por el propio Estado a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad dueña de 28.054 pertenencias mineras OMA en el Salar de Atacama, pieza fundamental de la compañía.

En 2013, Corfo inicio un proceso de arbitraje por incumplimientos en el contrato que le permiten a SQM explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar –principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio–, conflicto que fue ahondado por la actual administración liderada por Eduardo Bitran, a través de una demanda arbitral interpuesta en mayo de 2014, tras la cual incluso se solicitó el término anticipado del contrato, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Húmeres.

No es la única acción legal interpuesta por Corfo contra la firma. En agosto pasado, una segunda demanda arbitral tiñó la tensa disputa entre la estatal y SQM. Esta vez se cuestionaba el contrato que establece las condiciones en que debe operar la minera no metálica para poder explotar litio en dicho salar.

Las acusaciones impulsadas por la estatal revelaban la silenciosa jugada que, a vista y aprobación del propio fisco, logró que SQM dejara, en la práctica, la explotación del Salar de Atacama en sus manos mucho más allá del término del contrato con el Estado.

Jaque mate al fisco

La segunda demanda arbitral de Corfo devela cómo, a través de diversas maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030.

Según detalla la acción legal, “el Grupo SQM, especialmente SQM SALAR S.A. ha solicitado y obtenido para sí permisos y solicitudes de exploración y derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas situados en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos de aprovechamiento de aguas necesarios para el beneficio del Proyecto, y explotación de las Pertenencias OMA”.

La maniobra se realizó por la vía regular, es decir solicitando diversos derechos de agua a la Dirección General de Aguas (DGA), que en algunos casos puso trabas pero que a la larga terminó cediendo y entregando a la cuestionada minera no metálica una gran cantidad de derechos de agua en una zona donde ésta no abunda.

Así lo detalla la demanda de Corfo, que concluye que “a la fecha la arrendataria y mandataria de Corfo, SMQ Salar ha obtenido 'para sí' derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas situados en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, dentro de la comuna de San Pedro de Atacama, necesarios para la explotación y beneficio de las Pertenencias OMA y del Proyecto Minsal –Sociedad Minera Salar de Atacama S.A., con que se inició el Proyecto en 1986 y donde inicialmente Corfo tenía un porcentaje– señalados por más de 975 litros por segundo”.
SQM no solo se aseguró derechos de agua. Hizo lo mismo con servidumbres legales mineras, lo que en la práctica permite gravar o restringir a un dueño en beneficio de otro.

“SQM SALAR S.A. ha solicitado y obtenido para sí servidumbres legales mineras que benefician al Proyecto, y explotación de las pertenencias OMA ya señaladas y por plazos superiores a los del contrato de arrendamiento. SQM Salar solicitó a nombre propio la constitución de servidumbres mineras que gravan predios superficiales de propiedad de terceros, las que han sido constituidas en beneficio del proyecto que se desarrolla en el Salar de Atacama”.

El texto señala que “llama poderosamente la atención a mi representada que SQM Salar, la sociedad instrumental creada precisamente por las partes del Contrato de Proyecto, y cuyos únicos socios o accionistas actuales son precisamente SQMK y SQM haya solicitado las servidumbres legales mineras referidas para sí en las condiciones que lo hizo, utilizando para ello el contrato de arrendamiento, y en el cual consta que el propietario de las pertenencias es la Corporación; que lo haya hecho por un plazo de 50 años (fueron solicitadas y concedidas el año 2009 y 2007, respectivamente), esto es hasta el año 2059 y 2057, respectivamente, en circunstancias que tanto el contrato para proyecto, como sus conexos de arrendamiento y sociedad terminan el 31 de diciembre de 2030. Pero lo que es más sorprendente, es que excede con creces incluso el plazo de duración de la sociedad solicitante SQM Salar. Pues bien todo lo actuado, a la luz de los contratos vigentes entre mi representada y las demandadas constituye un flagrante incumplimiento de los mismos”.

La compañía vinculada a Ponce Lerou también “ha solicitado y obtenido para sí pedimentos, concesiones mineras de explotación y mensuras, en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y dentro de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos mineros comprendidos dentro del proyecto a que se refiere el 'Contrato de Proyecto'”.
Además, “Sociedad Química y Minera de Chile S.A., SQM, solicitó a nombre propio y para sí, y durante la vigencia del contrato de proyecto, innumerables concesiones mineras situadas dentro de la comuna de San Pedro de Atacama y dentro del Salar de Atacama. Es así como el territorio vecino al perímetro de las pertenencias mineras OMA de propiedad de Corfo, se encuentre en su mayor parte o bajo concesión de exploración o de explotación a favor de SQM”.

En términos simples, esto implica que la compañía se blindó con la ayuda del propio fisco por medio de la entrega de concesiones y derechos en desmedro de Corfo, para que esta última no pueda explotar el salar si se pone término anticipado a los contratos ni cuando se termine el contrato en 2030, tras lo cual nadie tendrá la capacidad de hacerlo, porque no tendrá ni los derechos de agua ni los permisos o concesiones mineras necesarios.

Según conocedores del caso, “lo que ha estado haciendo SQM es generar, con un cordón de pertenencias en el salar, una dificultad mayor y hacer inviable para cualquiera que el 2030 quiera explotar el Salar de Atacama”. Y agregan que esto es “un engaño, es un arrendatario actuando de mala fe, porque estos no son errores: han actuado de mala fe con Corfo, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), con Aduanas, con el Servicio de Impuestos Internos y también con sus accionistas minoritarios”.

Otras fuentes consideran que “esto es una muestra clara de la descoordinación entre instituciones estatales, lo que se ha constatado repetidamente. La verdad es que la negligencia estatal es impresionante”. Situación que quedó expuesta recientemente por la comisión investigadora sobre daño ambiental en Salares, Glaciares y Cuencas Hidrográficas, que apuntó a la ineficiencia del Estado y las instituciones competentes a la hora del cuidado de los recursos naturales, especialmente los hídricos.

Las mismas fuentes agregan que “claramente la tesis de Corfo es que esto es ilegal. La lectura es que estos derechos de agua, concesiones y pertenencias mineras deberían haber sido puestos a nombre de Corfo, ya que el contrato SQM se obliga a proteger los recursos porque son del Estado de Chile. Le exige protección de pertenencias, derechos de agua, y no lo han hecho. Se las han apropiado”.

Por eso, lo que persigue esta segunda demanda arbitral –que es independiente de la primera, aunque se espera que se acumulen– es que se restituyan estos derechos mineros y de agua y queden a nombre de Corfo.

SQM también ha sido fuertemente criticada desde el Congreso. La Comisión investigadora del litio dio un firme espaldarazo en noviembre pasado a la decisión de Corfo de terminar los contratos que le han permitido a la minera explotar el Salar de Atacama, señalando –entre otros puntos– que el gobierno corporativo perdió toda calidad ética para ser socio del Estado en el Salar de Atacama.

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