Perú

El presidente de la mayor constructora de Perú, Augusto Baertl, afirmó que entre los planes destacan los proyectos de cobre Quellaveco y Mina Justa, cuyos propietarios planean confirmar sus desarrollos en los próximos meses.

Lunes 20 de Noviembre de 2017.- Graña y Montero, la mayor constructora de Perú, seguirá enfocada en proyectos privados y busca participar en el desarrollo de grandes minas, mientras batalla por reducir el impacto que dejó su exsocia brasileña Odebrecht envuelta en casos de corrupción, dijo el presidente del directorio de la compañía.

Augusto Baertl, quien asumió el cargo en marzo, afirmó que entre los planes destacan los proyectos de cobre Quellaveco y Mina Justa, cuyos propietarios planean en forma separada confirmar sus desarrollos en los próximos meses.

"El año entrante AngloAmerican anuncia que licitaría las obras en Quellaveco y estamos en contacto. Con AngloAmerican tenemos mucha relación debido a proyectos que tenemos con ellos en Chile", afirmó Baertl en una entrevista con Reuters.

"Y en Mina Justa -controlado por la peruana Minsur- se baja la bandera en cualquier momento. Estamos obviamente en permanente contacto con la empresa ávidos de ser invitados y participar en su desarrollo", agregó el ejecutivo.

Para la construcción de Quellaveco se contempla una inversión de US$5.000 millones y para Mina Justa unos US$1.500 millones, según datos de las firmas mineras.

Baertl dijo que la empresa tiene actualmente un "backlog" o cartera de proyectos vigente de US$3.200 millones, de los cuales un 66% pertenece al sector privado, un 28% son concesiones y un 6% obras públicas.

El ejecutivo dijo que estarán "atentos a participar" si son invitados en la licitación de contratos gubernamentales para reconstruir zonas afectadas por inundaciones en el país. "Comprendemos no hay ninguna prohibición para esto", agregó.

Baertl manifestó además que mantendrá sus proyectos de desarrollo en México, Colombia, Panamá y en Chile. "Acabamos de recibir el encargo para construir una planta de chancado en la ampliación de las instalaciones de la Mina Spence, de BHP Billinton en Chile, de unos US$130 millones", dijo.

Investigación fiscal. Graña y Montero, cuyas acciones en Lima y Nueva York han caído dramáticamente este año, fue golpeada por la cancelación de un proyecto de gasoducto de US$7.200 millones, controlado por su socia Odebrecht.

Por su relación con Odebrecht, la fiscalía peruana anunció recientemente que investiga de forma reservada a la constructora local, en medio de acusaciones del Congreso de que el Ministerio Público estaba haciendo vista gorda con Graña y Montero.

Según la fiscalía, el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dijo que las socias de la brasileña participaron en los sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo para asegurar contratos, pero esas declaraciones deben ser corroboradas.

"Estamos a disposición para colaborar con todo el proceso investigatorio, más ahora que formalmente han declarado que sí se está llevando a cabo las investigaciones", aseguró Baertl.

El ejecutivo dijo además que espera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski rechace una ley aprobada por el Congreso, que impone sanciones financieras a empresas que hayan sido socias de firmas envueltas en sobornos. "Vulnera la presunción de inocencia" y pondría en riesgo las operaciones, apuntó.

"Es una ley que nos ataría de manos en nuestra capacidad de ventas de activos, cosa que estamos haciendo para cumplir un acuerdo con los bancos y repagar nuestras deudas", afirmó.

Baertl dijo que hasta la fecha ya han cancelado el 50% de la deuda -de unos US$330 millones- que incurrió Graña y Montero para financiar el gasoducto peruano.

"Esperamos que el Ejecutivo no apruebe la ley. Es un proyecto anticonstitucional porque vulnera una serie de derechos, el derecho a la presunción de inocencia", afirmó.

El Congreso, dominado por la oposición, aprobó la semana pasada la norma que retiene las utilidades y transferencias al exterior de empresas que hayan sido socias de firmas que hayan admitido o hayan sido condenas por corrupción.

Pero la ley debe ser refrendada por el presidente Kuczynski.

Reuters

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