Chile

Tras abrir conciliación, la sede ya tiene un comparativo con los aspectos fundamentales para los once intervinientes del proceso, lo que ayudará a definir una salida.

Martes 13 de Febrero de 2018.- “Este conflicto requiere de los jueces una actitud no tradicional”. El ministro y presidente del Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, Daniel Guevara, dice que la idea de iniciar un período de conciliación para el caso abierto por Andes Iron después de recibir el rechazo en dos instancias para su proyecto minero-portuario Dominga surgió después de una larga reflexión.

Ese proceso ha estado amparado en dos hechos relevantes: primero, la participación que han tenido en instancias como las que ha impulsado la organización Valor Minero en torno a la resolución de conflictos en el territorio y, además, los mensajes que han transmitido ministros de la Corte Suprema, donde han enfatizado -entre otras cosas- la necesidad de terminar con cosas como la circularidad judicial, donde básicamente la serie de recursos que se pueden ir interponiendo en Tribunales son los que sellan la viabilidad o no de una inversión.

Además, dice Guevara, las cifras muestran que casi el 80% del valor económico de los proyectos de inversión hoy está en tres instancias: el Comité de Ministros, los Tribunales Ambientales o la Corte Suprema.
Por eso, revisaron la legislación vigente y detectaron que bajo el Código de Procedimiento Civil había una vía para abrir un camino distinto de solución a la disputa que mantiene Andes Iron con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), propuesta que -reconoce- tomó por sorpresa a los abogados que el viernes participaron de una audiencia en La Serena.

En el proceso de Andes Iron y el SEA participan además nueve organizaciones como terceros interesados en el caso, donde seis están en contra de la iniciativa y tres a favor.

Consultado sobre si esta salida fue conversada con el gobierno, lo descarta de plano, dado que el Tribunal Ambiental debe garantizar la independencia y defiende la medida porque el Poder Judicial tiene la misión de ir generando contrapesos respecto de la actuación de la administración pública.

Guevara dice que “habrá que hacer un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo”, ya que si bien el acuerdo matriz debe darse entre las dos partes principales del caso, es necesario que los otros participantes estén a favor de lo que resulte.

Por eso, adelanta que los ministros del tribunal -que está compuesto además por el abogado Mauricio Oviedo y el ingeniero Forestal Marcelo Hernández- ya han avanzado en lo que será la propuesta que presentarán el 14 de marzo y en base a lo que fueron los alegatos de los 11 intervinientes tienen un cuadro comparativo de los puntos fundamentales de cada postura, lo que da ciertas garantías de que la propuesta no será al antojo del Tribunal Ambiental.

“Presentaremos una propuesta flexible y que busca ser enriquecida por las partes”, dice Guevara, quien agrega que incluso harán pública la metodología de trabajo que utilizarán para avanzar en acuerdos desde posturas que parecen ser irreconciliables, en base al modelo que usó el país en su participación del proceso de paz en Colombia.

Además, dice que la propuesta del tribunal será colegiada, como también probablemente será la del gobierno, donde cree que de salir una propuesta final, ésta deberá ser discutida en el Comité de Ministros.
Por eso, espera que el trabajo se extienda del 14 al 16 de marzo, para luego buscar los apoyos respectivos.

El presidente de la sede ambiental destaca que los presentes en la reunión del viernes plantearon la disponibilidad para explorar un proceso de conciliación. “Nos podríamos haber topado con una negativa”, dice.

“Dominga es incompatible con la zona”

Uno de los principales opositores al proyecto minero Dominga ha sido la ONG Oceana, quienes además son parte del proceso por el que atravesó la iniciativa. Es por esto que apuntan a que ante la posibilidad de este inédito proceso de conciliación impulsado por el tribunal termine en un acuerdo, se requerirá de la voluntad los 11 actores involucrados.

Una de las abogadas de la organización, Javiera Calisto, aseguró que “nos hemos enfocado en las deficiencias que el proyecto Dominga tiene en el medio marino, y por las características del proyecto reiteramos que éste es incompatible con el ecosistema de la zona.

Sin embargo, y de acuerdo a la resolución del propio Comité de Ministros, también se establecieron graves deficiencias en el medio terrestre, por ejemplo, el impacto perpetuo que la mina tendrá en el recurso hídrico, o la inadecuada evaluación del impacto generado en el aire por el material particular sedimentable”.

Aclararon que no se agregarán más antecedentes al tribunal y que el borrador de marzo se realizará con la información recabada entre alegatos y las visitas técnicas.

Diario Financiero

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