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Chile

Codelco y Sonami expresaron aprensiones por la eliminación de Cochilco y el traspaso de funciones al Ministerio de Minería.

10 de Septiembre de 2012.- Con diversas aprensiones los diputados de la Comisión de Minería y Energía votaron el proyecto de seguridad e institucionalidad minera, ya listo para ser revisado por la sala de la Cámara.

La iniciativa, que obtuvo suma urgencia atendiendo a que han pasado dos años desde el accidente de los 33, crea una Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile, cuyos máximos funcionarios serán nombrados por el Sistema de Alta Dirección Pública. La primera será la encargada de supervisar las faenas de la minería artesanal, pequeña, mediana y grande; investigar los accidentes y sancionar.

Se contempla la posibilidad de contar con técnicos externos para revisar el cumplimiento de las normas e informar sobre infracciones a la ley; se creará un registro de personal autorizado a colaborar en las faenas y habrá auditorías obligatorias de seguridad.

Con la misma vara

"Hubo bastante discusión entre los parlamentarios de la comisión, porque el proyecto no discrimina por tamaño de empresa", indicó el presidente de la instancia, diputado Manuel Rojas (UDI).

Comentó que la normativa no puede ejercerse de la misma forma, ya que a las faenas pequeñas les encarecerá la producción frente a las grandes mineras, cuyos niveles de seguridad, en su mayoría, exceden la ley actual porque responden a códigos internacionales.

"El proyecto establece exigencias para todos por igual. Esta es una situación grave para la pequeña y mediana minería, ya que hay multas de hasta $200 millones referidas a la causa, sin importar el tamaño de la faena", sostuvo Adriana Muñoz (PPD), durante la discusión del proyecto. "Hay muchas faenas paralizadas en la minería artesanal y el Gobierno no quiso hacer un estatuto especial para los más chicos".

Privados y Codelco

Si bien la Sonami valoró la creación de la superintendencia, considera que hay conflicto de competencia con otros organismos públicos como la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Salud. Además, para la aplicación de multas sugirió "distinguir entre pequeña, mediana y gran minería, para así colocar un límite máximo de monto para cada estamento y acotar la discrecionalidad de la autoridad".

La presidenta de la Asociación de Funcionarios de Sernageomin, Francisca Falcón, lamentó no ser considerados en la redacción del proyecto, y cuestionó que no se especifique la dotación mínima de fiscalizadores por región.

El presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré, se refirió al cambio en la institucionalidad y la gestión de la cuprera que retrocede respecto al gobierno corporativo: "El proyecto propone la supresión de Cochilco, transfiriendo al Ministerio de Minería el régimen de fiscalización, lo que podría producir algún tipo de inconveniente. Y le entrega a esta cartera la elaboración de los informes de gestión y de auditorías, función que le corresponde al gobierno corporativo".

A su vez, Alberto Salas, de Sonami, precisó que "no parece conveniente que se elimine a Cochilco como organismo fiscalizador de Codelco".

Exigencias

Serán iguales para todos y las multas alcanzarán los $200 millones.

Emol
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