Home   +562 2225 0164 info@portalminero.com

Síguenos

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Colombia

El país debe monitorear el desarrollo minero a partir de la exigencia de prácticas ambientales y sociales.

17 de Septiembre de 2012.- Tales prácticas deben no solo mantener y recuperar los recursos naturales  afectados, sino además vincular en los procesos productivos y comerciales a mineros  pobres que derivan su sustento de la explotación de minerales, especialmente, los metálicos. 

Hay que romper falsos paradigmas que afectan el desarrollo de la minería legal, tecnificada y responsable en el país. Los graves antecedentes ambientales por el auge de minería ilegal, que no incorpora tecnologías modernas, han conducido a generalizar conflictos aparentemente insolubles entre minería y ambiente, con especial referencia al recurso hídrico. 

La mayoría de los impactos negativos de la explotación minera son previsibles y controlables, siempre que no se realice en zonas de alta fragilidad y vulnerabilidad como páramos, humedales y ecosistemas especiales que deben ser precisamente delimitados y protegidos.

La ausencia de tecnologías amigables con el ambiente es la constante en la minería ilegal en distintos puntos del país. Según lo informó el Presidente de la Cámara Colombiana de la Minería en el foro ‘Recurso hídrico y minería’, el 80 por ciento del oro exportado por Colombia proviene de minería ilegal.

Expertos nacionales e internacionales analizaron si el impulso minero tendría efectos negativos sobre el recurso hídrico.

Frente a la competencia por este recurso con otras demandas, los expositores coincidieron en el bajo consumo de agua en la minería tecnificada. Explicaron que para producir un gramo de oro se consumen casi 230 litros de agua, mientras que para hacer un vaso de vino se usan 120 litros, y para obtener un vaso de cerveza, 75 litros.

Sobre contaminantes se concluyó que la minería moderna de metales no utiliza mercurio y que el cianuro es considerado elemento fácilmente biodegradable, según normas internacionales. Pero el mercurio se sigue utilizando en minería ilegal, sea la realizada por mineros pobres y necesitados, o por organizaciones que no cumplen con normas societarias, ambientales e impositivas vigentes. 

El deterioro de los recursos naturales como el hídrico, se origina en explotaciones que no cuentan con títulos mineros ni licencia ambiental.

Como quiera que las licencias no son patente de corzo, lo fundamental es el cumplimiento de los planes de manejo ambiental que introducen procesos obligatorios, que deben ser objeto de monitoreo por las autoridades ambientales y comunidades afectadas, a fin de evitar deterioros irreparables. MINERÍA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La minería ha sido, desde siglos atrás, una fuente de riqueza para las personas, comunidades y naciones. En Chile, participa con el 45 por ciento del PIB, y en Perú, con el 7,3 por ciento.

En Colombia, donde la minería participa solo con el 2,5 por ciento del PIB, existen muchas expectativas sobre los ingresos por regalías que se derivarían de la explotación legal de minerales.

Esta locomotora de la prosperidad del país enfrenta hoy un alto rechazo, pero, a juicio de los conocedores del tema, se fundamenta en mala información sobre los procesos y posibles impactos, y, sobre todo, en la ausencia de conocimientos y tecnologías que impiden el deterioro del ambiente.

En el caso del agua, es posible su reuso en las zonas explotadas. De hecho, el tratamiento de aguas residuales de la minería permitiría abastecer de este líquido a zonas que demandan riego o su aprovechamiento en otras actividades productivas. 

Esas dos posibilidades no están presentes en la minería ilegal. La explotación a cielo abierto no es objeto de planes de cierre con recuperación geomorfológica ni de reforestación.

Quienes desconocen la existencia y obligación de adelantar estas buenas prácticas ambientales, se oponen, sin fórmula de juicio, al desarrollo minero.

El país debe monitorear el desarrollo minero a partir de la exigencia de prácticas ambientales y sociales que no solo mantengan y recuperen los recursos naturales afectados, sino que además vinculen en los procesos productivos y comerciales a mineros pobres que derivan su sustento de la explotación de minerales, especialmente, los metálicos.

CONTROL PÚBLICO 

No basta con la consulta previa a la licencia, ni otorgarla para garantizar el respeto por el ambiente y por su recuperación.

La consulta a comunidades poco capacitadas en los procesos de exploración y explotación minera puede tener altos riesgos, ya que algunas comunidades pobres podrían aceptar exploraciones irresponsables con el ambiente, bajo la premisa de obtener ingresos pasajeros en las zonas con potencial minero.

Fuente
Portal Minero