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Colombia

Nadie se explica que a una región agreste y aislada, como es el caso de Ataco, con dificultades de comunicación puedan llegar 70 retroexcavadoras con sus equipos periféricos y complementarios sin que ni en la aduana de Buenaventura, los retenes del camino, los funcionarios de Cortolima ni los del municipio y la propia Policía se hayan percatado.

06 de Noviembre de 2012.- Antes de la acción tomada por la, entonces, ministra de Ambiente Beatriz Uribe con relación a la minería ilegal parecía como si el tema no tuviera ninguna importancia. Por el contrario, los controles - si los había- se enfocaban primordialmente en las actividades de la minería legal. 

Tras la arremetida ocurrida hace un par de años, la intensidad se redujo, no sin antes haber desnudado la magnitud del problema y el enorme daño que la acción depredadora causaba y causa al entorno y las fuentes de agua.

Aunque muchos encontraban sospechosa la actitud de las autoridades ante las evidencias del tinglado y los protagonistas vinculados a la perniciosa actividad, nada parecía mover a los organismos de control a actuar y poner en jaque a los causantes de tanta depredación.

Basta repasar lo que la actividad minera ilegal y, particularmente, la aurífera, ha significado y significa y el inmenso negocio que se mueve en las sombras.

Lo encontrado en el Valle, Antioquia, Caldas y, por supuesto, Tolima en las zonas de Ataco, Falan y Venadillo solo causa pavor y asombro.

Nadie se explica que a una región agreste y aislada, como es el caso de Ataco, con dificultades de comunicación puedan llegar 70 retroexcavadoras con sus equipos periféricos y complementarios sin que ni en la aduana de Buenaventura, los retenes del camino, los funcionarios de Cortolima ni los del municipio y la propia Policía se hayan percatado.

Más aún son máquinas que valen cada una 700 millones de pesos, casi todas de la misma marca y el mismo modelo que para su importación requieren de licencia previa y un trámite extenso para la legalización de los giros a los proveedores. Por cierto no es producto que se venda en efectivo sino a través de trámites bancarios por lo que resulta, de alguna manera, sencillo detectar quien importó la maquinaria ya quien se le vendió.

Pues bien, como muchos lo sospechaban, tras el tráfico del oro y el envenenamiento de las aguas están los grupos armados ilegales de todos los pelambres y organizaciones empresariales que siempre han medrado bajo la sombrilla de respetables organizaciones y la mampara de patricios que prestan su nombre para cobijar la actividad.

El oro ha venido a sustituir al secuestro y al narcotráfico como fuente primordial de ingresos para mantener las máquinas de guerra por lo que el gobierno ha vuelto a fijar su interés en el perverso negocio y es de esperar que , ahora sí, y con todo el rastro que la operación ilegal deja se puedan desvertebrar las organizaciones.

Elnuevodia.com
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