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Chile

El 28 de diciembre es la fecha de estreno para los tribunales ambientales y la Super del ramo, pero hay dudas sobre ese plazo. Y una vez instalado ¿qué tanto cambiará el panorama?

12 de Noviembre 2012.- El 28 de diciembre debieran estar operativos los tan esperados Tribunales Ambientales (TA). Y en la misma fecha, también debuta con todo, la Superintendencia de Medioambiente (SMA), entidad a cargo de la fiscalización y sanción de los distintos instrumentos ambientales.

Pensando en esa fecha, la nueva Super ya pidió a las empresas entregar información sobre más de 13 mil proyectos que cuentan con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), es decir, el permiso que establece las condiciones de funcionamiento de una instalación para elaborar un catastro que le permita corroborar y actualizar la información que de ello dispone.

Algunas firmas ya han iniciado las consultas respectivas, pues tienen como plazo fatal para la entrega de los antecedentes 15 días hábiles, a contar de la entrada en vigencia de los TA, que parten con Santiago y sus áreas de jurisdicción el 28 de diciembre.

Sin embargo, existen dudas respecto a su puesta en marcha, pues aún quedan varios procesos pendientes y el tiempo para finiquitarlos corre en contra.

Y es que para que los TA funcionen se necesita que la selección de los 3 jueces que conforman cada tribunal -tres cortes en total, la ya mencionada en Santiago; y las que parten el próximo año, Antofagasta y Valdivia con sus respectivas jurisdicciones- se haya completado exitosamente.

A la otra esquina
El procedimiento de selección recuerda un tradicional juego infantil del “compra huevos”, pues existen una serie de pasos a cumplir para llenar los cupos, en los que intervienen el Sistema de Alta Dirección Pública, la Corte Suprema, el gobierno y finalmente el Senado, existiendo siempre la posibilidad de volver a fojas cero, si no hay acuerdo sobre los seleccionados.

El primer paso ya está listo. El Consejo de Alta Dirección Pública recibió las postulaciones. Los interesados -abogados con experiencia en derecho ambiental o licenciados en ciencias-, tenían una serie de inhabilidades incluso con la docencia, lo que convertía el ejercicio del cargo en una tarea prácticamente exclusiva y excluyente, siendo el primer filtro del proceso.

A estas alturas la ADP ya envió las nóminas de los elegidos a la Corte Suprema. Según se informa en el historial de los concursos en la web del Servicio Civil, se registraron 541 postulaciones para los 5 cargos (tres titulares, dos suplentes), tanto a través de Postulación en línea, como de la empresa de búsqueda especializada, Seminarium. En el caso de los 2 cargos de ministros titulares, de los 91 postulantes iniciales, llegaron a las entrevistas finales con el Consejo de ADP 19 candidatos; en el caso del ministro/a titular licenciado en ciencias, de los 171 postulantes iniciales, llegaron a las entrevistas finales 18 candidatos; para el ministro suplente abogado, de los 92 postulantes iniciales, accedieron al proceso final 17 candidatos; mientras que en el caso del ministro suplente licenciado en ciencias, de los 187 postulantes iniciales, fueron entrevistados 11 candidatos.

Ahora la Suprema deberá en las próximas semanas recibir en audiencia a los postulantes y elegir 5 nombres. En este punto surge la segunda duda, qué tan llano estará el máximo tribunal a acelerar el proceso, considerando que no es muy proclive a la existencia de este tipo de tribunales especializados.

En octubre, el máximo tribunal envió un oficio al Senado, que si bien estaba destinado a dar a conocer la opinión del Pleno acerca de la carretera eléctrica, sirvió a la judicatura para reiterar que “nada justifica la creación de órganos jurisdiccionales separados del Poder Judicial, y no parece preverse las negativas consecuencias y riesgos para el mantenimiento del Estado de Derecho, derivados de la existencia de un sistema de justicia corporativa, dependiente o influenciable ante intereses sectoriales o grupos de poder”, agregando que “la frecuente creación de tribunales especiales (…) debilita el natural equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado y atomiza peligrosamente la actividad jurisdiccional”.

Tomando en cuenta lo anterior, ¿se tomará su tiempo la Corte para decidir acerca de los nominados?

Las últimas etapas del proceso de selección se mueven en la arena política. La Suprema envía a sus 5 seleccionados ante el Presidente de la República, quien propone un candidato al Senado, que debe ratificarlo por un quórum de tres quintos de los senadores.

Si el Senado llegase a rechazar el nombre propuesto, el procedimiento debe repetirse desde el principio.

Aquí el principal obstáculo para llegar a buen puerto es el escaso tiempo legislativo. Si bien en la letra quedan 5 semanas legislativas - 3 en noviembre y 2 en diciembre-, en la práctica las que quedan de este mes serán destinadas a la discusión del Presupuesto 2013 y lo más probable es que la última semana se destine al reajuste del sector público, que aún no cuenta con la propuesta del Ejecutivo, y que el año pasado se tomó varios días de diciembre. Con ello, el tiempo se hace más escaso aún y se dificulta el estreno de las nuevas institucionalidad ambiental el 28 de diciembre.

El paraguas de la Suprema
Para los expertos, el análisis se mueve por dos carriles. Por una parte, reconocen preocupación por el cumplimiento de los plazos y el riesgo siempre presente de que el concurso se declare desierto; por otra, apuntan a un cuestionamiento más de fondo, sobre las altas exigencias y las múltiples inhabilidades para los postulantes, sumado al potencial descrédito del Sistema, que ha sido sobrepasado en varias oportunidades por las autoridades -tanto civiles como judiciales- en casos como Barrancones y Castilla.

Con todo, concuerdan en que la creación de la Superintendencia es una de las buenas noticias de la nueva infraestructura medioambiental. Sin embargo, será clave cómo se desenvuelva en régimen el modelo, con una Superintendencia que sanciona, Tribunales Ambientales a los que se podrá apelar, pero que siempre mantienen como última instancia -igual que antes de la reforma- a la Corte Suprema.

Pilar Moraga: "La posibilidad que el concurso se declare desierto, todavía no está descartada"
Varios pasos que conducen a la selección de jueces y para que la nueva institucionalidad medioambiental comiencen a funcionar advierte la abogada Pilar Moraga, del Centro de Derecho Ambiental de la U.de Chile. Piezas que faltan y plazos que se cumplen provocan inquietud.

¿Hay preocupación por la implementación y selección de los jueces?
El artículo 1ero transitorio de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales establece que “los concursos de nombramiento de los Ministros de dicho Tribunal deberán realizarse en el plazo de dos meses contado desde la publicación de esta ley”. La fecha de publicación de la ley 20.600 fue el 28 de junio. Sin embargo, aún no se conocen las nóminas elaboradas por el Consejo de la Alta Dirección Pública respecto de cada cargo (mínimo 6 y máximo 8 nombres), las cuales deben ser enviadas a la Corte Suprema para la formación de las quinas, que recibirá el Presidente de la República para efectuar el nombramiento de los jueces con acuerdo del Senado. En este sentido la posibilidad que el concurso se declare desierto, por no contar con el mínimo de 6 seleccionados por cargo, todavía no está descartada.

¿Qué tanto daño o desperfilamiento a la nueva institucionalidad podría provocar que esto se retrase, considerando que su implementación es paralela a la de Superintendencia de Medio Ambiente?
El proceso de selección de los jueces ha tomado más tiempo de aquel previsto en la ley y que el estado de los concursos dejan un estrecho espacio temporal para la decisión de la Corte Suprema y del Presidente, pues los Tribunales deben entrar en funcionamiento el 28 de diciembre de este año, conforme lo establecido en la Ley. El incumplimiento de la ley vigente acarrea siempre consecuencias para la sociedad y en este caso particular existen muchas expectativas, por lo que esperemos que todo salga conforme a lo previsto por el legislador.

Si se llegase a retrasar la nominación de los jueces y la Superintendencia comienza a operar en solitario, ¿quedaría en un estatus incómodo la nueva institucionalidad?
La entrada en funcionamiento de la Superintendencia está condicionada a la de los Tribunales Ambientales, ésta lleva casi dos años preparando este momento, por lo que cualquier retraso en la entrada en funcionamiento de éstos le significa un retraso en su entrada en operación.

¿Es relevante la existencia de la nueva Superintendencia?
La Superintendencia del Medio Ambiente llegará a ordenar el sistema de fiscalización y sanción en las materias de su competencia según lo establece su ley orgánica. Con su entrada en operación y la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales, podremos hablar recién de la implementación de la nueva institucionalidad ambiental diseñada por la ley 20.417, sin perjuicio de la reglamentación aún pendiente, para su completa aplicación.

Daniel Montalva: "La autoridad ha desacreditado voluntaria o involuntariamente el sistema"
Más allá de los pasos que se estén dando hacia la implementación de los Tribunales Ambientales, lo que verdaderamente debiera preocupar, a juicio del abogado del Programa legislativo de Libertad y Desarrollo, Daniel Montalva, tiene que ver con el desincentivo a la postulación y la forma en que se habría desacreditado el sistema.

¿Preocupa el cumplimiento de los plazos para poner el marcha la nueva institucionalidad?
Ley que implementa los Tribunales Ambientales utiliza un sistema negativo de independencia de los ministros del Tribunal Ambiental, lo que se traduce en excesivas incompatibilidades, al nivel que se establece como cargo de dedicación exclusiva, tanto a Ministros titulares como suplentes. Se trata de profesionales que deben ser abogados y licenciados en Ciencias con especialización en materias medioambientales, designados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, y aprobados tanto por la Corte Suprema y el Senado. Ante tanta exigencia de conocimientos y dedicación exclusiva, se esperaría que por asumir dicho cargo, la remuneración fuera razonable, pero lamentablemente no es así, ya que la renta de un ministro alcanzaría aproximadamente $ 6 millones brutos, bastante menos que en el sector privado. Todo esto debiera traducirse en un claro desincentivo para postularse a dicho cargo.

¿Es recomendable ante un atraso que la Superintendencia opere en solitario?
La fundamentación de que la Superintendencia comience a funcionar junto con los Tribunales Ambientales dice relación con que las resoluciones que emanan de aquel órgano pueden reclamarse ante estos tribunales, parece lógico que sin uno no pueda existir el otro para no dejar a alguna de las partes en la indefensión y sin posibilidad de exigir una segunda revisión por parte de un órgano técnico e independiente.

¿Perderían solidez los nuevos instrumentos?
El temor por el irrespeto a la nueva institucionalidad ambiental no viene de la mano del atraso en la implementación de ésta, sino que más bien en el camino que hemos venido recorriendo en que la autoridad, reflejada en los tres poderes del Estado, ha desacreditado, voluntaria o involuntariamente, el sistema que hoy se implementa, ya sea mediante dejar sin efecto decisiones de la autoridad, incentivar la resolución de conflictos mediante marchas o incluso de declarar ilegales resoluciones de los órganos técnicos competentes.

¿Es un aporte la nueva Super?
Es una gran innovación en nuestra institucionalidad fiscalizadora, ya que es un gran avance en relación a otras superintendencias. Sin perjuicio de lo anterior, es insuficiente en relación a las directrices de la OCDE, en que se ha propuesto avanzar hacia instituciones fiscalizadores de mayor independencia, como es el caso de las denominadas Agencias Independientes, figura que debiera tenerse en consideración para la actualización de la obsoleta institucionalidad fiscalizadora de nuestro país.

 

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