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Chile

10 de Agosto de 2011.- A menos de un mes de haber presentado una demanda por $ 7.750 millones contra el Estado por el derrumbe en la mina San José que los mantuvo por más de dos meses atrapados, 31 de los 33 mineros de Atacama anunciaron una nueva acción judicial.

Se trata de una demanda por el mismo monto que será presentada a fines de esta semana en el Juzgado del Trabajo de Copiapó por el abogado Edgardo Reinoso. La acción apunta a las responsabilidades que tendrían los dueños de la Minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, en no otorgar las condiciones mínimas de seguridad en el yacimiento que operaba visado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

"Los argumentos que se emplean acá es que el empleador no cumplió con las normas del reglamento de seguridad minera, que indican que es obligación tomar todas las medidas para evitar accidentes del trabajo. Ellos incumplieron el artículo 184 del Código del Trabajo", dijo el abogado.

Reinoso explicó que en ambas demandas no se está desconociendo la inversión realizada por las autoridades para rescatar a los trabajadores ni tampoco debe ser considerado como un ataque en contra del gobierno. Por el contrario, el profesional enfatizó que la comunidad debe entender que los mineros sólo están haciendo efectivos sus derechos.

"El Estado no tenía otra alternativa que asegurar la vida e integridad física de ellos, de tal manera que cuando se gastan 40 ó 20 millones de dólares en rescatarlos no se les ha hecho una "paleteada", porque ellos como todo chileno diariamente financian con el pago de sus impuestos las labores del Estado", agregó el profesional.

A diferencia de la demanda interpuesta hace casi un mes, esta acción judicial podría tener resultados con mayor prontitud a través de un juicio laboral. Actualmente, la Minera San Esteban se encuentra en quiebra y a cargo de la síndico María Loreto Ried.

Ante ello, las posibilidades de que la empresa pueda responder económicamente ante una resolución del tribunal laboral en favor de los mineros serían mínimas.

Sin embargo, Reinoso explica que "pensamos que ellos tienen otros bienes y hay algunas acciones que pretendemos realizar. Sabemos que estos dos señores, dueños de la mina, tienen bienes y vamos a ejercer todas las acciones para que respondan con su patrimonio".

Sobre la realidad laboral y sicológica que viven los mineros, Reinoso explicó que "es un daño enorme casi irreparable. Los han invitado a pasear, pero ni un viaje a Disney ni un par de apariciones en televisión va a poder reparar el daño que la mayoría de ellos ha sufrido".

Si bien la investigación de la fiscalía de Atacama aún se encuentra desformalizada, el abogado dijo que la próxima semana solicitarán nuevas diligencias, una de ellas pericias al interior de la mina San José, en las que se incluya a funcionarios que participaron en el rescate minero. El pasado 5 de agosto se cumplió el primer aniversario del accidente que atrapó a los trabajadores.

Antecedentes

$ 7.750 millones fue el monto demandado por 31 de los 33 mineros de la mina San José contra el Estado. La acción civil fue presentada el 15 de julio pasado y despertó críticas en su contra.

El 5 de agosto pasado se cumplió el primer año del derrumbe minero al interior del yacimiento San José que mantuvo atrapado a los 33 trabajadores en 2010 (La Tercera).

Portal Minero