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Chile

Empresario, presidente de SQM desde 1987, fue el único que tuvo cargos en todas las sociedades cascada entre 2009 y 2011.

Jueves 03 de Octubre de 2013.- Julio Ponce Lerou es el presidente de SQM desde 1987. El empresario es accionista de la minera no metálica y su controlador a través de un trust constituido es Islas Vírgenes, denominado The Pacific Trust, el que controla, de modo sucesivo, una larga lista de otras sociedades: Pacific Atlantic Trading, SQ Grand Cayman Corporation, Inversiones SQ, Inversiones SQYA, Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera y SQM. Pero Julio Ponce es también, en opinión de la SVS, el “ideólogo y promotor” de un esquema de negocios que le permitió comprar acciones bajo precio de mercado y venderlas luego a valores superiores a los de las transacciones promedio. Según quienes han estudiado la formulación de cargos -y calculado los diferenciales de precios entre las compras y las ventas-, las sociedades ligadas a Ponce habrían obtenido utilidades por más de $ 72 mil millones. Su socio, Roberto Guzmán, habría ganado $ 84 mil millones, mientras Leonidas Vial habría obtenido $ 39 mil millones.

El rol de Ponce, para la SVS, es estelar. O en otras palabras, indispensable para la operatoria de las irregularidades. Dice la SVS que como en todas las sociedades cascada hubo distintos gerentes generales y, pese a ello, se hicieron operaciones de inversión y financiamiento que parecen haberse hecho de manera “planificada, sincronizada y coordinada”, debió existir un actor con la suficiente influencia para ejecutarlo. “No pudiendo ser otro más que el Sr. Julio Ponce Lerou, controlador de las sociedades cascada, quien habría ideado, promovido y participado en la ejecución del esquema”.

La SVS fundamenta su conclusión en que el empresario “fue la única persona que ocupó constante e ininterrumpidamente un cargo en la administración de todas y cada una de las sociedades cascada, lo que le habría facilitado determinar el destino y coordinar la actuación de todas ellas”. Para ello, el empresario, dice la SVS, se rodeó de personas de confianza: sus tres hijos y su hermano han sido directores de las sociedades cascada, nombró personalmente a Aldo Motta como gerente general de varias firmas y Patricio Contesse Fica es hijo de Patricio Contesse González, gerente general de SQM desde principios de los años 90.


Los cinco cargos

Julio Ponce arriesga, junto a Aldo Motta, las mayores sanciones del grupo. La SVS le levantó cinco cargos y antes de seis meses, que se cumplen el 6 de marzo de 2014, debe decidir si lo absuelve o lo sanciona. Las multas máximas para infracciones a las leyes de S.A. y Mercado de Valores ascienden a 15 mil UF o a un 30% de las operaciones irregulares.

Las primeras infracciones que se le imputan apuntan a proponer cambios de estatutos y emisiones de valores contrarios al interés social de las empresas y usar su cargo para obtener ventajas para sí o terceros relacionados. La SVS enumera 20 actuaciones contrarias al interés social: entre ellas, aumentos de capital en Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera; división de las sociedades; ventas de acciones; modificación de bonos; disminuciones de capital; adquisición de acciones y financiamientos de las sociedades cascada. También se le imputan 11 operaciones entre partes relacionadas.

Pero, además, arriesga sanciones penales, por cuanto dos de los cinco cargos constituyen delitos: dos infracciones al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que prohíbe inducir a la compra o venta de valores a través de mecanismos o artificios engañosos o fraudulentos y la realización de cotizaciones o transacciones ficticias.

Ministerio Público espera conocer los cargos para definir acciones a seguir
Aunque el documento con la formulación de cargos que realizó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Julio Ponce, controlador de SQM y sus sociedades cascada, fue divulgado por la prensa desde ayer en la tarde, el Ministerio Público aún espera que la autoridad fiscalizadora le haga llegar el escrito formalmente.

El fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona Centro Norte y quien está llevando el caso en la arista judicial, dijo que la SVS todavía, hasta ayer, no le había enviado la formulación de cargos y que, en el caso de que no los remita hoy, recurrirá a la Corte de Apelaciones para que ésta determine la entrega del escrito al Ministerio Público. Morales pidió los antecedentes formalmente a la SVS el lunes de la semana pasada.

Una vez que la fiscalía tome conocimiento de la formulación de cargos, decidirá cuáles son las acciones a seguir respecto de la arista penal.

La fiscalía investiga una querella interpuesta el año pasado por un accionista minoritario, Roberto Lobos, por transacciones ficticias con acciones de SQM.

Para la arista penal, Julio Ponce, que es acusado por la SVS de infracciones penalizadas con hasta 10 años de cárcel, está siendo asesorado por el abogado Jorge Bofill.


Las sugerencias de Alejandro Ferreiro sobre la política de compra de acciones

Alejandro Ferreiro, ex titular de la SVS y ex ministro de Economía, fue el primero en realizar consultas sobre la existencia de una política de compra de acciones cuando era director de la sociedad Norte Grande. Según señaló la SVS, el 27 de mayo de 2010 Ferreiro señaló la conveniencia de definir si la compra de acciones de la cadena de sociedades que componen el holding sería recurrente o se debería facultar a la gerencia general por cada operación en particular. Aldo Motta, gerente general, dijo que estaba dentro de sus atribuciones, y que establecer consultas por cada operación entorpecería las oportunidades de hacer estos negocios. Ferreiro realizó las mismas consultas el 17 de junio y el 21 de octubre de 2010, hasta que el 25 de noviembre de ese año aprobó la política. Según el análisis de la SVS, Ferreiro fue el único director que actuó “en el sentido de tratar de limitar las atribuciones de la gerencia general de la compañía en cuanto a la realización de operaciones de compra y venta de acciones”. Asimismo, indica que entre la solicitud del establecimiento de esa política y la fecha en que fue acordada por el directorio “al menos se realizó una operación por US$ 71 millones, la que fue efectuada por el gerente general sin consultar al directorio”.

LTOL

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