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Chile
Jueves 17 de Octubre de 2013.- El gobierno está afinando un proyecto de ley de compensación a las comunidades aledañas a los proyectos de inversión, anunció el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, quien precisó que la idea es presentar la iniciativa en el Congreso antes de que se acabe el gobierno de Sebastián Piñera.
En distintas ocasiones, la industria de generación eléctrica ha planteado la urgencia de establecer por ley un mecanismo de compensación a las comunidades aledañas a los proyectos de inversión.
Según ha planteado el gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile, René Muga, se trata de una redistribución de los impuestos que hoy pagan las compañías, además de formalizar los aportes que ya hacen las empresas a las comunidades. No obstante, para el dirigente gremial se trata de una idea que ayuda, pero que no es una solución única.
Esta iniciativa es un tema que ya fue planteado en 2009 por el ex ministro de Energía Marcelo Tokman, quien ahora forma parte de los autores de estudio un estudio encargado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a cuatro expertos en materia energética, el que reveló deficiencias en el sistema normativo y administrativo respecto de la tramitación e implementación de proyectos de inversión eléctrica. Por medio de éste, el gremio empresarial realizó propuestas al gobierno y a los candidatos presidenciales respecto a la judicialización de iniciativas, relación con las comunidades y ordenamiento territorial, entre otros
De acuerdo con el estudio encargado por la CPC, el origen de la oposición a proyectos de generación o transmisión eléctrica es "la distribución inequitativa de los beneficios y costos de esos proyectos". El punto es que la construcción e implementación de centrales y líneas están afectando en su mayoría a los habitantes de las comunidades donde se instalan estos proyectos, pero los beneficios percibidos son a nivel nacional.
Ante este problema, la CPC (como recomendación de los expertos) propone dos mecanismos regulados de compensación. El primero consiste en una modificación del reglamento de patentes municipales que introduzca la capacidad instalada de generación como un nuevo factor de distribución para el pago de la patente.
El segundo mecanismo se trata de un aporte obligatorio y directo que las empresas que conecten centrales de generación o líneas de transmisión a SIC o SING deberán pagar a los municipios donde se localicen, con la idea de financiar proyectos de desarrollo local.
La fórmula de pago sería proporcional a la potencia instalada o bien, en relación con la inversión realizada e imputarse como crédito contra las obligaciones tributarias. De esta manera, el pago se distribuiría en relación de la vida útil del proyecto, lo que además no podrá superar el 1% de la inversión.
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