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Chile

"Seguimos avanzando en el análisis de la opción submarina para el sistema de transmisión y en el desarrollo de una consulta temprana con los grupos de interés", declaró la compañía.

Miércoles 30 de Octubre de 2013.- Analizando los impactos que generará la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de paralizar de momento la iniciativa hidroeléctrica Central Cuervo están en Energía Austral, empresa que lleva adelante el proyecto, propiedad de la australiana Origin Energy (51%) y la minera Glencore-Xstrata.

"Por ahora estamos analizando la naturaleza del recurso de protección y los recursos de reclamación presentados para definir los pasos a seguir", dijeron oficialmente al consultarles por la nueva arremetida judicial de los detractores del proyecto que aportaría 640 MW de potencia al Sistema Interconectado Central (SIC).

"Queremos recalcar que el proyecto Cuervo llevó adelante un riguroso proceso de evaluación ambiental, cumpliendo con toda la normativa pertinente. Reiteramos que Cuervo tiene el potencial de aportar energía limpia, renovable y confiable para hacer frente a las crecientes necesidades energéticas de Chile, además de generar beneficios para la Región de Aysén en el largo plazo", añadieron.

Sobre los impactos que pueda tener la resolución judicial en el plan de ejecución de la central, en la empresa dijeron que no tomarán la decisión de construir hasta tener todos los permisos, incluido el de la línea de transmisión. "No está considerado tomar una decisión de construcción hasta haber obtenido todos los permisos ambientales necesarios, incluyendo el proyecto de transmisión", detallaron.

En cuanto a cuál será la opción que utilizarán para inyectar la energía de la central al sistema, declararon que "seguimos avanzando en el análisis de la opción submarina para el sistema de transmisión y en el desarrollo de una consulta temprana con los grupos de interés para entender sus intereses en el área y las inquietudes que puedan tener con respecto a esta alternativa".

Energía Austral, además de salvar este nuevo escollo judicial, deberá defender su proyecto ante el Comité de Ministros que deberá revisar las más de 200 reclamaciones ingresadas la semana pasada por agrupaciones ambientalistas.

El representante del grupo, denominado Coalición Ciudadana por Aysén Reserva (CARV), Peter Hartmann, explicó en su momento que el principal motivo de la acción es que hubo una serie de observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana que no fueron ponderadas o fueron desestimadas por la comisión evaluadora.

LSOL

Portal Minero