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Chile

Se estima un desembolso de US$50 millones entre mitigaciones ambientales y compensaciones sociales. Esto no incluye los US$40 millones que costaría el filtro en una de las chimeneas de CAP.

Jueves 23 de Enero de 2014.- Con el visto bueno de la Corte Suprema a la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde (740 MW), Endesa anotó un triunfo importante, pero no el último: ahora la firma trabaja en la fórmula para alcanzar la "licencia social" de la comunidad de Huasco, comuna de la Región de Atacama donde se emplazará la iniciativa.

La tarea no es fácil. El rechazo a la carbonera es transversal en el pequeño puerto de la Tercera Región, que ya cuenta con la central Guacolda y la fábrica de pellets de acero de la CAP. Desde el alcalde, Rodrigo Loyola (PPD), hasta organizaciones ciudadanas y ambientales, siendo la más "radical" la denominada SOS Huasco, se oponen a la iniciativa.

En Endesa saben que si bien el fallo de la Suprema los ampara, no es posible desarrollar la iniciativa sin la aceptación mayoritaria de las comunidades. "Tenemos que buscar un mecanismo que permita organizar mesas de trabajo y canalizar que el plan de compensaciones propuesto por Endesa para Punta Alcalde sea para las necesidades que tienen los grupo más afectados", comenta el gerente de planificación de la firma, Sebastián Fernández.

Este trabajo se inició en agosto de 2011 con la implementación del plan social, proceso en el que han sostenido 120 reuniones con agrupaciones sociales, agricultores o sindicatos de pescadores, entre otros.

¿Cuánto gastarán? El gerente indica que estiman un desembolso de US$ 50 millones entre mitigaciones ambientales y compensaciones sociales. Este monto no incluye los US$40 millones que costaría el filtro en una de las chimeneas de CAP, el que todavía está en discusión entre las empresa su mecanismo de financiamiento.

"En la medida que continuemos con las conversaciones a través de la casa abierta, de las juntas de vecinos y a través de las diferentes asociaciones que hay en la zona y vayamos canalizando las necesidades, y formando un plan de compensaciones, vemos que el proyecto contará con la aprobación social que permita iniciar su construcción", vaticina Fernández.

Añade que "habrá que priorizar, fijar cuáles serán los objetivos del plan de compensaciones, pero los beneficios deben ser de común acuerdo, las que realmente importan a la gente".

Aclara que las comunidades no podrán pedir cualquier mejora. "Evidentemente, de lo que nosotros nos haremos cargo son de los impactos del proyecto", señala.

LSOL

Portal Minero