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Perú

Jueves 06 de Marzo de 2014.- En el proceso de formalización minera parece gestarse una suerte de guerra. Por un frente, liderando sus “huestes” se encuentra el Gral. EP (r) Daniel Urresti, quien es el Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, luego de cosechar triunfos en sus batallas contra la minería ilegal en Madre de Dios, Puno, Juliaca, Nasca, entre otros. Del otro lado se están reagrupando las “mesnadas” de “mineros ilegales”, quienes amenazan con una marcha para este 17 de marzo. Los convocantes al paro son gremios nacionales de mineros a pequeña escala, que no hacen diferencia del proceso de formalización minera y la actividad extractiva ilegal. El encuentro será en Chala -icono del procesamiento minero en Arequipa- donde hay más de 38 plantas que benefician mineral. En la opinión pública la guerra está ganada porque nadie en su sano juicio aprueba la minería ilegal. Sin embargo, debe precisarse que además de la minería ilegal, también existe la actividad extractiva a pequeña escala y artesanal informal que está en pleno proceso de sumarse a la legalidad y que requiere el esfuerzo completo del Estado para lograrlo, por tratarse de una actividad que convoca masivamente a mano de obra. En el terreno, contamos y apostamos por la lucha contra la minería ilegal y que ésta triunfará. La interdicción a aquellos mineros que están en zonas prohibidas (áreas agrícolas, urbanas, lechos de río, áreas naturales protegidas) o que no les interesa la formalización, debe darse con el apoyo de todo el país.

Hay una batalla que aún no se quiere enfrentar y es la que ocurre en el campo legal. Mineros ilegales, mineros en proceso de formalización, autoridades regionales y nacionales sobrellevan unas reglas de juego mal elaboradas y con muchas enmendaduras. Los primeros utilizan estas normas como excusa para el enfrentamiento, y los segundos y terceros lo hacen para plantear propuestas de solución; mientras que los últimos tratan de mantener una institucionalidad que clama ser revisada y corregida.

La oportunidad que da el conflicto minero es la revisión de marco normativo y su rediseño. Empecemos por la forma de entregar las concesiones en el país, pues ésta debe replantearse, así como las causales de caducidad y su reversión al Estado. Incluso debería hacerse una investigación histórica respecto a los derechos primigenios sobre el recurso mineral y por un principio de justicia evaluar su otorgamiento. Un caso modelo es lo que sucede en Arequipa, donde históricamente se extrae sillar. No obstante, la concesión es otorgada a una persona distinta de quien la trabajó por años. Ante un conflicto hay una tercera vía, la del diálogo y la propuesta. Los mineros en proceso de formalización no deben temer a la interdicción, pues ésta es a la minería ilegal. Lo que si debe quedar claro es que las propuestas planteadas por ellos deben ser debatidas y hacer los ajustes correspondientes. De lo contrario, el sendero de la protesta ganará más adeptos.

Larepublica.pe / Opinión

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