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Chile

La instancia operó bajo el alero de Energía 2050, la plataforma lanzada por el gobierno para discutir la futura política energética nacional.

Miércoles 17 de Diciembre de 2014.- Uno de los principales ejes de Energía 2050 fue la participación regional. En ese contexto, una de las regiones clave era Aysén.

Precisamente, la Mesa de Gestión Territorial de Aysén finalizó recientemente su trabajo, en el que participaron representantes del sector civil, privado, académicos y gobierno, y que derivó en un borrador de ideas fuerza que será planteado posteriormente al comité consultivo de Energía 2050.

Uno de los temas que más se repite en ese informe es la necesidad de que sea el Estado el que articule las definiciones sobre los proyectos, pero antes que ello, establecer un “rayado de cancha” en el que se definan temas que están en la Agenda de Energía, y que son el ordenamiento territorial, la política energética y la política regional, entre otros.

Ello, a propósito de la compleja tramitación del proyecto HidroAysén, que luego de haber sido aprobado por la autoridad ambiental -y de haber conseguido varios logros en Tribunales-, perdió su licencia ambiental tras una decisión del Comité de Ministros.

Para los integrantes de la mesa, de acuerdo al borrador obtenido por Pulso, es necesario que el Estado sea el que tome una decisión entre grandes proyectos y otras actividades, en el caso de que el primero afecte a lo segundo.

En el caso de HidroAysén, los integrantes creen que efectivamente se produjo una pugna, pues su concreación afectaba las expectativas para la industria turística.

“Cuando un proyecto implica impactos económicos significativos, por ejemplo, en el caso de HidroAysén, respecto del turismo y colonos, es necesario establecer cómo se compensa y aborda esto. Esto no es una decisión respecto del proyecto, sino una decisión política. Se menciona como ejemplo de este tipo de decisiones, el caso del proyecto Alumysa versus la actividad de acuicultura, disyuntiva en la que el presidente Lagos optó por proteger la acuicultura de la región”, se plantea en el documento.

Aún con ello, para los integrantes de la mesa es necesario tomar una decisión política sobre qué se hará con los recursos hidroeléctricos disponibles en la región de Aysén, que de acuerdo con análisis superan los 10.000 MW potenciales.

Según representantes del mundo privado, “es urgente tomar la decisión de sobre lo que se hará en la región de aquí a 10 o 30 años”.

Si bien hay una valoración positiva de los temas que está abordando el Gobierno en materia energética, como por ejemplo la ley de Asociatividad que está próxima a presentarse al Parlamento, también esperan que los próximos proyectos que se presenten tengan como exigencia el cumplimiento de estas nuevas normativas y no sólo cumplan con las exigencias antiguas.

Ello correría para el proyecto hidroeléctrico Cuervo, de Energía Austral, que ya fue aprobado y refrendado por un fallo judicial.

“Están operando dos orientaciones distintas: la que impulsa el Ministerio de Energía ahora (participativa, ley de asociatividad, política energética regional) y la forma en que han sido tramitados y negociados los proyectos energéticos hasta ahora. Debe haber una moratoria para los proyectos actuales y aplicar la nueva normativa. Esta situación genera desconfianza y confusión”, plantea el documento en relación con Cuervo.

Pulso

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