Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chile

Si bien hay una visión compartida respecto a los beneficios a mediano plazo de flexibilizar la normativa, el gobierno no quiere abrir un flanco de conflicto con las comunidades aledañas a fundiciones.

mineria-cobre-hernandez-fundiciones-moreno

Miércoles 22 de Julio de 2015.- Esta mañana la Ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, y su par de Hacienda, Rodrigo Valdés, asistirán a la comisión de Minería y Energía del Senado, que entregará a las autoridades un informe elaborado por esta instancia respecto de las perspectivas de la industria de la fundición y refinería de minerales, la situación actual de esta actividad y las alternativas estratégicas que pueden considerarse para su desarrollo en condiciones de competitividad en el mercado internacional.

En esta última línea, una de la ideas que ha estado rondando es la de flexibilizar los plazos que fijó el Decreto N°28/2013 del Ministerio de Medio Ambiente; que fija límites más exigentes para las emisiones de material particulado, dióxido de azufre, arsénico y mercurio a este tipo de instalaciones mineras. En concreto, el nuevo estándar exige capturar 95% de estas emisiones, y lo que se buscaría es elevar el límite a 99%, aunque prorrogando para ello los plazos fatales que requieren las fundiciones para asimilar estas exigencias en sus instalaciones.

Una idea que ha sido descartada de plano por el gobierno, y así lo expondría hoy a la instancia parlamentaria la titular de Minería. 

Ya el pasado lunes, tras participar en una actividad de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el subsecretario de la cartera, Ignacio Moreno, adelantaba que "la posición del Gobierno es que esta norma se tiene que cumplir"; y consultado por las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de Cochilco a favor de postergar la entrada en vigencia, fue tajante: "no hay ambigüedad al respecto”.  

Hernández había dicho que "lo ideal sería postergar el tiempo de cumplimiento de la norma de emisiones de diciembre de 2018 por unos tres años más". "Tenemos que ser capaces de comprometer un cumplimiento de la normativa superior", dijo el ejecutivo en la línea de lo que expresa el informe de los parlamentarios. Sin embargo, en conversación con Portal Minero matizó sus dichos y explicó que si bien las razones de la industria son "bastante entendibles", se debe entender que "esta es una decisión que no solo compete al sector minero". 

"Esta es una decisión país que involucra tantos otros efectos más allá de la industria minera, que obviamente el gobierno tiene que tomarla considerando todos los aspectos y la normativa vigente", agregó.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que, en esta línea, la postergación de los plazos establecidos se debe más bien a la precaución de evitar un flanco de conflicto con las comunidades aledañas a las fundiciones y organizaciones ambientales; pues la visión señalada inicialmente por Hernández es vista como algo razonable, y que podría ser más beneficioso a mediano plazo.

No solo eso, también establecería cierto alivio respecto de lo que tienen que invertir empresas del Estado para adecuarse a esta norma. Según estimaciones del propio Hernández, los montos que requieren las adecuaciones de las fundiciones en el país llegan a USD 2.500 millones, "exclusivamente para respetar la norma ambiental en el 2018; no genera teóricamente ningún peso de mayor rentabilidad"; dijo.

Parte de estos montos corresponden a Enami y Codelco. Para la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira (Paipote), por ejemplo, la primera requiere cerca de USD 500 millones. En cuanto a Codelco, tendría contemplada una inversión de más de USD 1.500 millones para las adecuaciones que requieren sus fundiciones en Ventanas, Potrerillos (El Salvador) y Chuquicamata. También Anglo American y Glencore operan fundiciones en el país y deberán realizar inversiones. 

La comisión de Minería y Energía del Senado se reunirá desde las 11:00 horas en Valparaíso.

Portal Minero