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Chile

Una iniciativa de un grupo de Senadores chilenos amplía las responsabilidades de las empresas que tienen concesiones de recursos naturales, para asegurar su correcto uso.

Jueves 23 de Julio de 2015.- Los Senadores Alejandro Guillier, Lily Pérez y Antonio Horvath presentaron una iniciativa legal que busca sancionar a las empresas que incurran en actos impropios y malas prácticas de cualquier ámbito, con sanciones que pueden llegar hasta la pérdida de la concesión sobre el recurso natural que administran.

En un comunicado de prensa los parlamentarios señalaron que si bien el gobierno ha enviado al Congreso una serie de iniciativas (22) para implementar su agenda de Transparencia y Probidad, se requiere sumar una iniciativa legal "que amplíe la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando éstas, beneficiándose de una concesión del Estado, hagan mal uso de ella".

La inicitiva llega en medio del bullado éscandalo que se ha generado en torno a pagos irregulares que realizó SQM -minera no metálica que explota diversos recursos de este tipo en el Salar de Atacama, al norte de Chile- a una serie de parlamentarios y otros personeros vinculados a diversos partidos políticos. La firma mantiene además una disputa arbitral con Corfo, que quiere finalizar anticipadamente el contrato de arrendamiento que mantienen sobre el Salar, por lo que considera "incumplimientos graves" sobre el mismo.

El proyecto de los parlamentarios busca incorporar a la Ley N° 20.393, referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las propuestas incluyen establecer sanciones para ciertos delitos de carácter tributario; y penas asociadas tanto a dichos delitos como al resto de los que ya se encuentran considerados en la referida ley. Entre éstas penas están "la prohibición de adquirir determinadas concesiones, de usarlas y gozarlas a cualquier título, ya sea por un tiempo determinado o a perpetuidad, contemplando incluso la pena de caducidad de concesiones mineras vigentes".

Al respecto, Lily Pérez señaló que aquellas empresas que han recibido concesiones del Estado y que hayan sido también vinculadas a casos como los que se han conocido recientemente sobre financiamiento irregular de campañas y otras interacciones con personajes vinculados a la actividad política, "deben perder las concesiones”.

"Queremos que eso sea sancionado no solamente en los políticos, cosa que está muy bien, sino también aquellas empresas que tengan concesiones del Estado y que eventualmente se vean vinculadas a este delito”, complemetó la senadora. Antonio Horvath agregó que cuando se concesionan recursos naturales del país "ese derecho que tienen todos los chilenos sobre ellos no se puede ver menoscabado". "Si se entrega una concesión y se hace un mal uso de ella o los negocios son de carácter ilícito, lo lógico es que pierda la concesión y sean sancionados como corresponde", dijo.

Por su parte , Alejandro Guillier manifestó la necesidad de que la iniciativa sea prontamente tramitada: "Habiendo dado un primer paso acotado o restringido a determinados tipos penales, como son el lavado de dineros, el financiamiento del terrorismo y el soborno o cohecho activo a empleados públicos nacionales o extranjeros, debemos ampliar el alcance de la Ley 20.393; la que a la fecha ha tenido muy escasa aplicación". "De esta manera, estaremos corrigiendo una situación de impunidad que se observa ante determinadas conductas ilícitas de un grupo reducido de Empresas, pero que genera el más absoluto rechazo e indignación de la sociedad en su conjunto.” finalizó.

Portal Minero