Recurso judicial pone en riesgo la operación de un complejo de 500 MW en Coronel

Chile

Martes 31 de Diciembre de 2013.- Una nueva amenaza judicial se instala sobre el complejo termoeléctrico a carbón Bocamina, de Endesa.

Un grupo de pescadores interpuso un nuevo recurso de protección contra la central, el que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Concepción. La denuncia pone en riesgo la operación de todo el complejo, pues a diferencia de la anterior presentación acogida hace algunos días por la Justicia -y que obligó a paralizar la central Bocamina II- esta vez el recurso es contra toda la unidad.

El cuestionamiento principal es la falta de un desulfurizador que filtre el abatimiento de dióxido de azufre y minimice sus emisiones a la atmósfera -en Bocamina I-, entre otros elementos, los que a juicio de los opositores genera un daño ambiental severo.

La primera unidad instalada por Endesa en Coronel posee una potencia instalada de 128 MW, que se suman a los 350 MW de Bocamina II. Además, esta última central mantiene un plan de ampliación que agregará 20 MW adicionales, por lo que el complejo entero alcanzará una potencia instalada total de 498 MW.


NUEVO EIA

Pero eso no es todo, en el escrito presentado al tribunal de alzada se enumera  una serie de modificaciones implementadas en la central Bocamina I desde su inauguración en 1970. Estos cambios, a juicio de los demandantes, implicarían que el titular de la central haya tenido la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental (EIA), cuestión que no ha hecho pues su construcción es anterior a la entrada en vigencia de la ley de Base del Medioambiente.

“El hecho de construir y operar el complejo termoeléctrico Bocamina, sin contar con ningún tipo de autorización ambiental implica una evidente vulneración de la normativa medioambiental y una clara contravención a lo ordenado por la Excelentísima Corte Suprema”, sostiene el escrito sometido a tramitación.

En el texto elaborado por el abogado ambientalista Lorenzo Soto, también se invocan una serie de garantías constitucionales que se verían vulneradas con el funcionamiento de la central.

“La operación de un proyecto sin contar con la respectiva RCA supone un privilegio a favor de la empresa recurrida y una discriminación arbitraria contra los recurrentes por cuanto explica que existen personas que no deben someter su accionar a la legislación nacional”, sostiene el líbelo.

De acuerdo a lo establecido por la Corte de Apelaciones, el titular del proyecto tiene un plazo de ocho días para que informe y haga sus descargos sobre la denuncia presentada.

Al cierre de esta edición, Endesa aún no había recibido la notificación del recurso. Sin embargo, fuentes de la misma empresa dijeron a PULSO, que “la compañía una vez notificada analizará la formulación del recurso y presentará los antecedentes dentro del plazo establecido por la Justicia”.

Cabe agregar que Endesa realizó recientemente sus descargos por las acusaciones contra Bocamina II, reconociendo que no cuenta con autorización ambiental para ella, pero que está en trámite.

Pulso